LOS ÁNGELES, Estados Unidos, abr. 30, 2015.- Una organización que promueve el control de la población en California, está realizando una campaña de presión al gobernador para que rechace una propuesta de ley que requeriría que el estado ofrezca subsidios de salud a los inmigrantes indocumentados a través de Medi-Cal.
Californianos por la Estabilización de la Población (CAPS) está pidiendo a los residentes de California que contacten al gobernador Jerry Brown para manifestar su preocupación por el costo de esta medida y las consecuencias sobre la calidad del servicio de Medi-Cal.
“Las implicaciones de esta medida van mucho más allá del costo para los contribuyentes”, afirmó hoy Jo Wideman, directora ejecutiva de CAPS.
Según la activista, de aprobarse la ley, “puede costarle a los californianos más vulnerables el acceso a un buen servicio de cuidado de salud y puede incluso costar vidas”.
La iniciativa, presentada este año nuevamente por el senador demócrata Ricardo Lara, de Bell Gardens, busca ofrecer seguros de salud para los indocumentados a través del mercado actual Covered California o en su defecto, de otro paralelo o similar.
Así mismo, aquellos indocumentados cuyos ingresos estén por debajo del 138 por ciento del nivel federal de la pobreza tendrían acceso gratuito inmediato al sistema subsidiado Medi-Cal.
Según Lara y quienes apoyan la medida, el ofrecer seguro de salud a los inmigrantes indocumentados, además de garantizar un derecho básico a la persona, disminuiría el costo en los servicios de emergencia en los hospitales públicos.
No obstante, un informe de la Oficina de Planeamiento y Desarrollo de Salud Estatal presentado esta semana, mostró un incremento de 50 % en las visitas a las salas de emergencia en el 2014, que ha sido relacionado con el aumento de beneficiarios de Medi-Cal debido a la nueva ley de salud.
Según afirmó hoy Anthony Wright, director ejecutivo de Health Access, “hay una correlación directa con la expansión de Medi-Cal en 2013 y a principios de 2014”, con el aumento de visitas a las salas de emergencia públicas de California.
El costo proyectado para la medida presentada por Lara oscila entre 700 y 1.300 millones de dólares al año, según el análisis de la iniciativa.
Una propuesta similar se estancó el año anterior en el Comité de Apropiaciones del Senado, al no existir una fuente específica para su financiación.
