WASHINGTON, Estados Unidos, mar. 26, 2015.- El gobernador de Indiana, el republicano Mike Pence, aprobó hoy una ley que da carta blanca a los comercios de ese estado para prohibir la entrada a parejas de homosexuales en nombre de la “libertad religiosa”.
“Este proyecto de ley no es discriminatorio y si yo pensara que legaliza la discriminación de alguna manera, lo habría vetado”, defendió en un comunicado Pence, quien dijo que la ley asegura que “la libertad religiosa esté totalmente protegida bajo la legislación de Indiana”.
“La Constitución de Estados Unidos y la Constitución de Indiana proporcionan un fuerte reconocimiento de la libertad de religión , pero, hoy en día, muchas personas de fe sienten que su libertad religiosa está siendo atacada por la acción del Gobierno”, recalcó.
Esta nueva legislación anularía las leyes estatales y locales que “cohíben” la habilidad de las personas, incluidos negocios y asociaciones, de seguir sus creencias religiosas.
La controvertida iniciativa ha despertado la oposición de asociaciones defensoras de los derechos de los homosexuales y de la Asociación Nacional Atlética Colegial (NCAA), que tiene previsto jugar su final de baloncesto masculino dentro de dos semanas en Indianápolis, la capital de Indiana.
“Estamos examinando los detalles de esta ley. Sin embargo, la NCCA está comprometida con un ambiente inclusivo donde todos los individuos disfruten del mismo acceso a los eventos”, dijo en un comunicado el grupo de la NCAA de Indianápolis.
Indiana es el primer estado en aprobar un cambio legislativo de este tipo, aunque en el estado de California una iniciativa popular también provocó esta semana el firme rechazo de organizaciones defensoras de los derechos de los homosexuales.
La iniciativa, promovida por el abogado Matt McLaughlin bajo el nombre de “Ley de supresión de los sodomitas”, permitiría matar a los homosexuales “de un disparo en la cabeza” o con cualquier otro método “que se considere adecuado”.
La fiscal general de California, Kamala Harris, anunció este miércoles que pedirá a la Corte Suprema del estado que emita una orden para detener esta iniciativa legislativa, que sería votada por los californianos en los comicios de 2016.
