MIAMI, Estados Unidos, mar. 04, 2015.- La oficina de la fiscal general de Florida, Pam Bondi, informó hoy de que no ha apelado la decisión de un tribunal que consideró en 2014 inconstitucional una ley del estado que exige pruebas de orina a todos los solicitantes de beneficios sociales.
La fecha límite para apelar el fallo concluyó el martes pasado sin que Bondi interpusiera un recurso contra la sentencia emitida en diciembre de 2014 por el Undécimo Tribunal de Apelaciones, que confirmó la decisión de una primera instancia federal.
“La batalla de años sobre el derecho de los floridanos de bajos recursos a ser libres de revisiones por parte del gobierno terminó hoy con una victoria, al no apelar este ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos”, resaltó en un comunicado la Unión Americana de Libertades Civiles de Florida (ACLUF).
El tribunal de apelaciones consideró inconstitucional obligar a los solicitantes de la denominada Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) que se sometieran a pruebas de consumo de drogas sin motivo de sospecha.
Según la decisión, en virtud de “la pobreza”, los beneficiarios del programa social TANF no pueden ser “despojados de sus legítimas expectativas de privacidad”.
Tras cuatro años de litigio, “este feo ataque contra los floridanos de bajos recursos por fin ha llegado a su fin y prevalece el fallo del tribunal de apelaciones de que ningún grupo de personas puede ser obligado de forma generalizada a someterse a exámenes humillantes por capricho del gobierno”, señaló en un comunicado Howard Simon, director ejecutivo de la ACLUF.
Un juez federal había prohibido la iniciativa en 2011 después de que esta organización la desafiara, a lo que siguieron varias apelaciones por parte del gobernador de Florida, Rick Scott.
La decisión “deja claro una vez más que la Constitución prohíbe al estado de Florida someter a ciudadanos privados y comunes a revisiones injustificadas”, señaló María Kayanan, directora legal adjunta para ACLU.
Esta organización sin ánimo de lucro argumentaba que el estado de Florida no podía “tratar a toda una clase de personas como presuntos delincuentes simplemente porque pedían al estado ayuda temporal”.
