DENVER, Estados Unidos, feb. 27, 2015.- El Senado de Colorado postergó hoy indefinidamente la votación sobre un proyecto de ley de presupuesto adicional para el Departamento de Impuestos que, de haberse aprobado en su versión actual, hubiese restaurado en parte los fondos para el programa de licencias de conducir para indocumentados.
El proyecto SB15-161 fue aprobado hace dos días por la Cámara de Representantes de Colorado con una enmienda que incluye los fondos para las licencias para indocumentados, pero, como la propuesta se originó en el Senado, éste debe ahora decidir si acepta o no la enmienda de los representantes.
La situación ha generado un áspero debate partidario, ya que la Cámara baja de Colorado está en manos de los demócratas, mientras que en el Senado los republicanos son la mayoría, aunque por un solo voto.
Desde el inicio de la sesión 2015 del Legislativo estatal, a mediados de enero pasado, los senadores republicanos han rechazado ya en dos ocasiones otorgar fondos adicionales al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), que depende del Departamento de Impuestos) para tramitar las licencias para los indocumentados.
Ante esa situación, miembros de la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC, en inglés) acudieron hoy al Capitolio estatal, en Denver, y urgieron a los senadores a aceptar el proyecto SB15-161 sin modificaciones, es decir, incluidos los fondos para las licencias.
“No solamente se debe mantener ese servicio, sino que habría que expandirlo, ya que se trata de un programa altamente exitoso”, opinó Brendan Greene, portavoz de CIRC, en declaraciones enviadas a Efe.
Greene calificó la decisión senatorial de no votar sobre el SB15-161 como una “táctica de obstruccionismo” que “impide que una ley aprobada por la Legislatura (SB13-251) provea los servicios que debe proveer para los residentes de Colorado”, en este caso, licencias de conducir para indocumentados, como venía sucediendo desde el 1 de agosto de 2014.
La ley original, aprobada en 2013, había sido impulsada por el senador estatal demócrata Jessie Ulibarri y estipulaba que los indocumentados que cumpliesen con ciertos requisitos, como la comprobación de residencia, de identidad y del pago de impuestos estatales, pagasen un sobrecargo de 41 dólares para obtener sus licencias.
Ese sobrecargo, que se estima supondría un ingreso a las arcas públicas de unos 166.000 dólares anuales, le permitiría a DMV mantener cinco oficinas destinadas a atender a unos 800 indocumentados al mes, sin afectar la atención al público en general y sin usar fondos públicos para este propósito.
Pero el comité presupuestario legislativo, con mayoría republicana, decidió recientemente recortar esos fondos y luego el Senado local confirmó esa decisión. Ahora, CIRC y otras diez organizaciones comunitarias piden que se revierta esa postura.
