TUCSON, Estados Unidos, feb. 21, 2015.- La Patrulla Fronteriza de EU inició en Nuevo México un período de prueba para el uso diario de cámaras portátiles entre algunos de sus agentes, una acción que surge como respuesta a la presión ejercida por organizaciones defensoras de los derechos civiles.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que algunos agentes de la estación de Santa Teresa, en Nuevo Mexico, comenzaron esta semana una fase de prueba de un mes de duración, y que en luego se procederá de manera similar en Florida, Michigan, Washington y Texas.
La agencia federal indicó que evaluara cuestiones relacionadas con el uso de las cámaras, incluyendo la privacidad y el costo de operación, y que el plan de prueba podría finalizar a mediados de 2015.
El uso de las cámaras en la rutina diaria de los agentes, quienes aceptan de manera voluntaria su uso, de acuerdo a la agencia federal, forma parte de la segunda fase de un análisis en torno a la eficacia del uso de la tecnología para labores de seguridad en la frontera, y por ello se ha puesto en marcha en puertos de entrada del país.
Vicki Gaubeca, directora del Centro Regional de Derechos Fronterizos en la Cruces, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Nuevo Mexico, dijo a Efe que la medida es un paso positivo, ya que por años se ha denunciado la falta de transparencia de las acciones de agentes fronterizos, especialmente durante el uso de fuerza letal.
Antes de que las cámaras puedan ser utilizadas a nivel nacional, lo que podría ocurrir tras la presentación de un informe final en setiembre de este año, las autoridades deberán negociar con los sindicatos que representan a los agentes fronterizos y de aduanas.
Shawn Moran, vocero del sindicato de agentes de la Patrulla Fronteriza, dijo en un comunicado que el sindicato tiene “preocupaciones” respecto al uso de las cámaras portátiles y con la idea de que ellas puedan resolver “todas” las preguntas en los casos de uso de fuerza letal.
Durante una primera fase del estudio, las cámaras se pusieron a prueba en el centro de entrenamiento de Artesia por un periodo de tres meses, que concluyó el pasado mes de diciembre.
En Arizona, ACLU ha presentado varias demandas para solicitar información relacionada con incidentes donde un agente de la Patrulla Fronteriza ha disparado en contra de una persona.
La principal queja es la falta de cooperación y transparencia por parte de la agencia federal en las investigaciones.
El pasado mes de junio, Elena Rodríguez, madre del menor mexicano de 16 años José Antonio, presentó una demanda en la Corte Federal en Tucson para poder conocer el nombre del agente fronterizo que disparó fatalmente contra su hijo, quien murió en 2012 en territorio mexicano, en Nogales, Sonora.
