SAN DIEGO, Estados Unidos, ene. 28, 2015.- Un grupo de jóvenes activistas en California encabezaron hoy una movilización para exigir el cumplimiento de la llamada Acta de Confianza (TRUST Act), ley estatal que limita la colaboración entre la policía local y autoridades de inmigración.
La medida que entró en vigor en enero de 2014, evita que agencias de seguridad puedan retener a indocumentados para ser entregados a las autoridades federales y posteriormente, sean deportados.
La manifestación se llevó a cabo de manera simultánea en San Diego, Los Ángeles y Oakland, donde integrantes de la Coalición de Jóvenes Inmigrantes (IYC) se reunieron frente a las oficinas de la procuradora estatal Kamala Harris, a quien pidieron tomar acción ante esta problemática.
El grupo defensor de derechos de inmigrantes dijo tener documentados cuatro casos de violaciones a esta ley en los últimos meses.
Detallaron que uno de ellos es el caso de Samuel Sixtos, quien fue detenido hace ocho meses en Santa Ana, California, por una infracción de tránsito. El joven acusa a las autoridades del Departamento del alguacil de haberlo entregado a Inmigración, pese a no tener antecedentes criminales.
“Esto no tenía que pasar, ellos violaron el TRUST Act”, acusa el joven de 25 años, quien está solicitando ahora a una visa U para quedarse en el país.
“Ahorita tengo mi caso pendiente y por eso quiero que la procuradora Kamala Harris certifique mi visa porque puedo ser deportado en mi próxima corte”, manifestó.
La movilización en San Diego inició a las afueras de la cárcel del condado y avanzó hasta las oficinas locales de la procuradora general.
El grupo llegó con pancartas donde se leían mensajes como “ICE fuera de California” o “Kamala Harris regresa la confianza ahora”.
Alexis Nava, integrante de la coalición, indicó que las demandas de su grupo se hacen para recordar a las autoridades de seguridad que no deben colaborar con oficinas federales, además de darles una visa a las víctimas de violaciones del Acta de Confianza que se consideran como un “encarcelamiento falso”.
Además, exigieron que se designe a un fiscal que se encargue de investigar este tipo de casos en cárceles y centros de detención y que se de un castigo a los departamentos de policía o del alguacil que no cumplan con esta ley.
Los jóvenes durante su manifestación en la recepción, pudieron conversar vía telefónica con el senador estatal Ben Hueso, quien escuchó sus demandas y se comprometió a trabajar para garantizar que esta ley sea respetada.
“La obligación de los alguaciles de California es mantener la tranquilidad y seguridad de las comunidades”, expresó el senador vía telefónica a los jóvenes activistas.
“Acá en Sacramento hemos trabajado con la Legislatura para tomar muchas medidas para aclarar y demarcar que no hay autoridad estatal que debe de invadir el ámbito federal”, agregó.
El senador a la vez habló con Samuel Sixtos, a quien solicitó enviarle más información sobre su caso en particular para su análisis.
Al contactar la oficina de la procuradora Kamala Harris, su portavoz, Kristin Ford, señaló a Efe que “la procuradora general apoya fuertemente el Acta de Confianza y ha trabajado constantemente en proteger y defender a las comunidades inmigrantes”.
En junio del año pasado, Harris, quien ahora es candidata al senado, emitió un memorándum a diferentes oficinas policiacas en California recordándoles la implementación de esta ley.
En la declaración emitida por su oficina se reitera que la fiscal general no tiene la autoridad para terminar con los llamados “ICE detainers” (retenciones de Inmigración) en el estado, aunque “se ha guiado a las autoridades estatales y locales” para que estos sean utilizados en cumplimiento de la ley.
“Únicamente los individuos que representan una amenaza real a la seguridad pública deben ser detenidos y deportados”, menciona la declaración, que insta sobre la importancia de mantener la confianza entre las agencias policiacas y la comunidad.
Durante las otras protestas paralelas de hoy, se informó que los activistas en Oakland pudieron hablar con representantes de la fiscal, mientras que se pactaron juntas en San Diego y Los Ángeles.
