DENVER, Estados Unidos, ene. 22, 2015.- Ante la inesperada decisión de la Legislatura de Colorado de cortar fondos al programa de licencias de conducir a indocumentados, dirigentes y legisladores hispanos de Colorado iniciaron hoy una serie de acciones “legales y comunitarias” para proteger el programa y evitar su cierre.
En 2013, la Legislatura de Colorado aprobó una ley para que los indocumentados que pudiesen comprobar su identidad y que habían vivido y pagado impuestos en este estado por varios años recibiesen licencias de conducir en las que se indica que el portador carece de presencia legal en el país.
La ley entró en vigor en agosto de 2014 y desde entonces cinco oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Colorado, de las 56 con las que cuenta esa repartición, están abiertas para esos trámites, siempre con citas previas.
El programa sólo opera con los fondos que recauda en concepto de pago por parte de los interesados por la emisión de las licencias.
Este miércoles, el Comité Conjunto de Presupuesto de la Legislatura estatal (con mayoría republicana) inesperadamente rechazó el pedido de DMV para recibir 166.000 dólares para que el programa de licencias de indocumentados pudiese seguir operando.
Esa cifra, cabe aclarar, no procede de los fondos públicos, sino que el DMV sólo pidió la autorización de destinar el dinero pagado por los indocumentados para servir a esas personas.
De hecho, el programa no recibe ninguna ayuda del gobierno y los 166.000 dólares en disputa ya habían sido recaudados. DMV había pedido ese dinero para contar con más personal para tramitar las licencias, ya que al ritmo actual se tardarán tres años y medio en servir a todos los interesados.
Los republicanos no explicaron por qué el tema se decidió sin debate alguno.
“Hablé con ellos (los dirigentes republicanos) antes de que se iniciase la sesión y me habían dicho que esto no pasaría”, comentó el senador estatal Jessie Ulibarri, demócrata de Commerce City e impulsor de la ley de licencias para indocumentados.
“Sabíamos que ahora que los republicanos tienen la mayoría en el senado (estatal), iban a haber proyectos de ley para derogar la ley de 2013, pero no anticipamos que el comité presupuestario recortaría los fondos”, agregó.
Sin ese dinero, a partir de febrero sólo quedaría abierta una de las cinco oficinas del DMV que atienden a indocumentados, aunque el futuro de todo el proyecto ahora queda en duda.
Otro legislador demócrata, el senador estatal Mike Johnston, quien llegó a la política tras ser director de escuelas con alto porcentaje de jóvenes indocumentados, sostuvo en rueda de prensa que la decisión del comité de presupuesto es “una tergiversación del gobierno” al impedir que una ley vigente deje de aplicarse, pero sin cambiar ni abolir esa ley.
Ulibarri y Johnston convocaron a los dirigentes proinmigrantes de Colorado a llegar hasta el capitolio estatal en Denver para presionar al comité de presupuesto a que “reconsidere” su decisión.
Por eso, miembros de la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC) llegaron esta mañana hasta el capitolio y repartieron información en la que califican de “traición” a la determinación presupuestaria.
“Es una cachetada en el rostro de miles de residentes de Colorado que dependen de las licencias de conducir para ir a trabajar o a estudiar o para estar con sus familias”, afirmó CIRC por medio de un comunicado.
Como respuesta, el senador estatal republicano Kevin Grantham, quien es miembro del comité de presupuesto, aseveró que “el debate no necesariamente ha terminado”.
“Sigue completamente abierto y (el tema) todavía puede ser debatido”, explicó.
Una posible opción, aunque improbable, es que el gobernador John Hickenlooper solicite al comité presupuestario reconsiderar su decisión, pero aún no se existen indicaciones que el mandatario estatal lo hará.
“Sabemos que el programa ha tenido sus problemas”, admitió Ulibarri, en referencia al hecho de que al principio del programa, por error y se entregaron licencias reales a indocumentados sin la frase aclaratoria sobre la situación inmigratoria irregular del portador.
“Es una ley nueva y esos programas pueden solucionarse. Pero esta no es la manera de hacerlo”, afirmó.
