CHARLOTTE, Estados Unidos, jun. 2, 2014.- El ex alcalde de Charlotte Patrick Cannon se declarará culpable el martes de cargos de corrupción y podría recibir una sentencia de 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares, según documentos de la corte dados a conocer hoy.
Cannon, de 47 años, renunció a su cargo el pasado 27 de marzo, un día después que la Agencia Federal de Investigación (FBI) lo arrestara y acusara de aceptar hasta 50.000 dólares en efectivo y regalos de agentes encubiertos a cambio de utilizar sus “influencias” para agilizar trámites de licencias y otras diligencias a negocios.
Se espera que el demócrata aparezca en horas de la mañana del martes en la corte federal del centro de Charlotte como parte de un acuerdo de culpabilidad por el cargo federal de recibir sobornos.
Esto quiere decir que el exalcalde acepta que actuó de forma deshonesta y que utilizó la Alcaldía para obtener ganancias ilegales, uno de los tres cargos federales que enfrenta el que fuera una de las “estrellas” del Partido Demócrata en Carolina del Norte.
Cannon ganó en noviembre de 2013 las elecciones especiales para reemplazar al también demócrata Anthony Foxx, actual secretario de Transporte de la Administración del presidente, Barack Obama.
Según denuncias contenidas en una declaración jurada en apoyo a la acusación penal del pasado mes de marzo, en 2010 el FBI recibió información confiable de que Cannon, en aquel entonces concejal, estaba potencialmente implicado en actividades fuera de la ley.
Cannon comenzó su carrera política en 1994 al convertirse en concejal de Charlotte y luego ocupó los cargos de concejal general y vicealcalde desde enero de 2001 a diciembre de 2013.
El periódico “The Charlotte Observer” destacó hoy que Cannon aceptó sobornos del dueño de un club de entretenimiento de adultos para influenciar a los departamentos de Transporte y Planificación de Charlotte para que mantuvieran la licencia del local.
Como parte del acuerdo, Cannon prometió colaborar con los investigadores y, a cambio, futuras evidencias no serán utilizadas en su contra, pero, de no cumplir con los parámetros del arreglo, podría recibir la máxima sentencia de veinte años en una cárcel federal.
