CHICAGO, Estados Unidos, mar. 14, 2014.- El compromiso del presidente, Barack Obama, de revisar la política de deportaciones para aplicar la ley de una forma “más humana” fue recibido con mucha cautela por parte de organizaciones proinmigrantes de todo el país, a la vez que pidieron resultados concretos.
En Illinois, el director asociado de la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas (NALACC), José Luis Gutiérrez, declaró a Efe que la propuesta suena bien, pero deben ser cautelosos porque el presidente ya lo ha dicho otras veces.
En su opinión, la discreción procesal para indocumentados que no constituyen una amenaza social “ha sido un fracaso” y, en lugar de beneficiar a unas 300 mil personas sin antecedentes graves, tal y como se esperaba, “los resultados indican que solamente han sido unos miles”.
“Lo que Obama necesita hacer de inmediato es detener las deportaciones con una orden ejecutiva e iniciar un diálogo con la comunidad inmigrante mientras se negocia la reforma migratoria”, expresó.
“No podemos olvidar que el presidente nos ha fallado, que han sido puras promesas”, agregó Gutiérrez.
Por su parte, el director político de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), Artemio Arreola, consideró que el anuncio del presidente “es un paso importante”.
“Pero él ya sabe lo que tiene que hacer, tiene a su disposición todos los estudios y análisis de lo necesario para aliviar el sufrimiento de las familias separadas por las deportaciones”, expresó.
El activista sospecha que podría tratarse de un “juego político” y aseguró que la coalición mantendrá la presión sobre la Casa Blanca y el Congreso.
“Queremos ser enfáticos y claros, luchamos por la reforma migratoria y no vamos a esperar sentados el resultado de las gestiones ordenadas ahora por el presidente al secretario de Seguridad Nacional (Jeh Johnson)”, afirmó.
Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, afirmó que para poder hablar de avances concretos se requiere de un sistema de rendición de cuentas.
García aseguró que el Departamento de Seguridad Nacional debiera contar con un sistema monitor con el fin de evaluar el trabajo de los agentes y autoridades de inmigración en general.
“Los que estamos trabajando en las políticas migratorias queremos pasos concretos. Reconozco que ha habido pasos como el de la Patrulla Fronteriza, con nuevos criterios en el uso de la fuerza letal, que a pesar de que no es suficiente, ya es un paso. Pero queremos verlo reflejado con reglas más claras”, dijo a Efe.
La Red Fronteriza por los Derechos Humanos, con sede en la ciudad texana de El Paso, en la frontera con México, interpretó el anuncio presidencial como un reconocimiento de que existe un problema con las prácticas actuales en la aplicación de la ley de inmigración.
“Siempre hemos dicho que las prácticas violan los derechos humanos. La administración de Obama es la que ha deportado a millones de familias y no ha habido un tratamiento humano”, dijo García, que agregó que “lo preocupante” es que el anuncio de la Casa Blanca “reconoce que hay problemas en eso”.
Finalmente, representantes del movimiento que lucha contra la deportación de indocumentados en Arizona pidieron acciones aún más contundentes al presidente Barack Obama.
“El presidente Obama insiste que él no puede hacer más para detener las deportaciones. Nosotros, como personas que somos afectadas y con nuestras familias en peligro de la deportación, no podemos aceptar un ‘no puedo'”, señaló hoy a Efe Erika Andiola, activista reconocida a nivel nacional por su trabajo con los “sonadores” y que actualmente está luchando para frenar la deportación de su madre.
“Nosotros sabemos que el presidente Obama tiene el poder para ampliar la acción diferida, para nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros padres, el tiene el poder. No importa lo que él nos diga, nosotros debemos de seguir presionando”, enfatizó Dulce Matuz, directora de la Coalición del Acta Sueño en Arizona.
Matuz, que se mostró poco satisfecha con las palabras de Obama, dijo no comprender porque el mandatario no ha tomado una postura más fuerte, en especial tras saberse que este año no se aprobará la reforma migratoria.
“Estamos cansados de que los políticos jueguen con nuestras vidas, que nuevamente quieran usar el tema migratorio para ganar votos durante las próximas elecciones presidenciales, mientras tanto nuestras familias siguen sufriendo y siendo deportadas”, aseguró Matuz.
Las activistas aseguraron que continuarán luchando y que el próximo mes de abril llevaran a cabo una movilización frente de la Casa Blanca, la cual incluye una huelga de hambre y donde participarán varias personas de Arizona.
Tras una reunión de Obama con congresistas hispanos, la Casa Blanca anunció en la noche del jueves que han pedido a Johnson que presente un informe de las políticas de deportaciones para ver cómo se puede aplicar la normativa “de una forma más humana”, siempre dentro de los límites de la ley.
El mandatario estadounidense expresó asimismo su “profunda preocupación” por la separación familiar que implican las deportaciones y subrayó su compromiso para presionar a la oposición republicana con el objetivo de que salga adelante cuanto antes su prometida reforma migratoria.
Este anuncio se dio en momentos en que arrecian las críticas de la comunidad hispana por el drama humano que representan las deportaciones, y cuando parecen disiparse las posibilidades de que este año se apruebe la reforma migratoria que prometió.
Los votantes hispanos, quienes le apoyaron en las pasadas elecciones presidenciales, han comenzado a criticar al presidente por no utilizar su poder ejecutivo para evitar la separación de las familias de inmigrantes con las deportaciones.
Los grupos proderechos humanos han intensificado este año sus críticas al patrón de arrestos del Departamento de Seguridad Nacional.
A fines de enero, dos organizaciones de defensa de inmigrantes demandaron al gobierno para que explique cómo implementa la cuota federal que obliga a mantener diariamente a al menos a 34 mil inmigrantes detenidos, política a la que atribuyen violaciones de los derechos humanos y largas detenciones de las personas.
En 2005, el Congreso estableció una norma conocida como “mandato de camas 101”, que obliga a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) a tener detenidos a 34 mil inmigrantes de media al día en proceso de deportación o juicio migratorio en sus centros de detención privados, estatales y locales.
