DENVER, Estados Unidos, feb. 27, 2014.- El Senado de Utah aprobó hoy por unanimidad un proyecto de ley que posterga del 2015 hasta el 2017, la entrada en vigor de dos leyes inmigratorias locales aprobadas en 2011, con la opción de abolir definitivamente esas leyes si para la fecha mencionada no recibe los permisos federales necesarias para implementarlas.
Por 22 votos a favor, ninguno en contra y siete ausentes, los senadores ratificaron el proyecto SB203, del senador republicano de Provo, Curt Bramble, que “extiende la fecha de comienzo del Acta de Responsabilidad Inmigratoria de Utah y del Acta del Programa Piloto de Patrocinio de Inmigrantes Residentes”.
La primera ley buscaba facilitar la contratación de mano de obra extranjera y la segunda permitía a empresas de Utah patrocinar a inmigrantes indocumentados ya residentes en este estado para que pudiesen trabajar legalmente y regularizar su situación.
El proyecto SB203 ya fue enviado a la Cámara de Representantes estatal, donde será próximamente debatido, inicialmente en el Comité de Reglas. Se descuenta que, cuando la cámara en pleno tenga que votar, la mayoría republicana (61 de los 75 votos de esta cámara) también aprobará el proyecto SB203.
Poco antes de la votación final de hoy en el senado, Bramble pidió la palabra para explicar que su propuesta no debe interpretarse como una abolición de las leyes mencionadas, sino sólo como una postergación de la entrada en vigor de esas leyes.
“Si en 2017 o antes no tenemos acción federal, en ese momento debatiremos la posible abolición (de las leyes de 2011), enfatizó el legislador, agregando que su proyecto requiere que el gobierno de Utah pida el respaldo federal para implementar las leyes ahora postergadas.
De hecho, el segundo párrafo de la propuesta de Bramble indica que “el gobernador debe participar activamente en las gestiones para obtener del gobierno federal uno o más permisos, excepciones y autorizaciones” para que eventualmente entren en vigor las leyes inmigratorias estatales.
El proyecto de Bramble no modifica la duración de los programas antes mencionados, que será de cinco años, por lo que, si se implementasen en 2017, terminarán en 2022.
El pedido de abolir las leyes de 2011 fue inicialmente realizado por la Comisión de Impuestos de Utah, que hubiese estado a cargo de supervisar el cumplimiento de esas leyes.
Esta semana, tanto la Diócesis Católica de Salt Lake City como el Proyecto Latino de Utah expresaron su respaldo a la propuesta de Bramble.
En Utah, según datos del Buró del Censo, viven unos 385 mil hispanos, o 13 por ciento de los casi 3 millones de habitantes en ese estado. Entre los hispanos, el 62 por ciento son inmigrantes.
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