Veteranos deportados a México vuelven sus esperanzas a Trump

El veterano del ejército estadounidense Héctor Barajas, quien fue deportado. (AP)

El veterano del ejército estadounidense Héctor Barajas, quien fue deportado. (AP)

Los muertos no dejan dormir a Antonio Romo. Ha pasado un cuarto de siglo desde que este mexicano de 48 años participó en la liberación de Kuwait detrás de la ametralladora de un helicóptero del ejército estadounidense, pero con frecuencia regresa por las noches a ese infierno.

“Una parte de mí se quedó allá”, dice. “Veía cuerpos destrozados hasta manejando, me sentía culpable”.

Llegó sin papeles con su familia a Lynwood, California, cuando tenía 12 años. Recién cumplida su mayoría de edad y ya con sus documentos en regla, se alistó en los marines y participó en la primera Guerra del Golfo.

De vuelta en Estados Unidos y después de darse de baja en 1992, llegaron los intentos de suicidio, el consumo de droga y alcohol para intentar acallar las pesadillas que le atormentan hasta la fecha. Las adicciones le hicieron involucrarse en la venta de cocaína y acabó en prisión en 2001. Siete años después fue deportado.

Hoy es uno de las docenas de veteranos del ejército estadounidense deportados a México después de cometer algún crimen y cumplir su condena, exmilitares que durante años han luchado para que les permitan regresar al país por el que estuvieron dispuestos a jugarse la vida.

Ellos reconocen sus delitos. Sin embargo, sostienen que han sido castigados dos veces por un mismo crimen: primero con la cárcel y luego con la deportación.

Ahora, como cada vez que se elige a un nuevo gobierno estadounidense, se revive la esperanza de que su situación cambie. Sus casos, sin embargo, representan una situación conflictiva para la Casa Blanca: el presidente Donald Trump se dice comprometido con los militares e incluso durante su campaña se mostró abierto a analizar la regularización de los indocumentados que sirvan en el ejército, pero al mismo tiempo apuesta por aumentar las deportaciones, sobre todo de aquellos con antecedentes penales.

“Trump ha dicho que apoya a los veteranos, pero… nosotros somos mexicanos”, comenta Romo titubeante. “No sé”.

Un cambio en las leyes o una orden presidencial abriría la puerta al retorno de esos veteranos. No obstante, por ahora no hay indicios de algún ajuste de una política que ha trascendido distintas administraciones, dijo un funcionario de la Casa Blanca que pidió el anonimato por no estar autorizado para hablar del tema.

Estados Unidos recluta a nacidos en el extranjero para sus guerras desde mediados del siglo XIX y el Pentágono reconoce que su compromiso suele superar al de los nacionales, según un reciente informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Durante la Segunda Guerra Mundial el Congreso permitió naturalizarse a los militares, aunque no hubieran entrado legalmente al país. Y de acuerdo con datos del gobierno, más de 109,000 lograron la ciudadanía entre 2001 y 2015.

Sin embargo, el proceso no es automático, como pensó Romo.

El mexicano regresó de Kuwait con varias condecoraciones, según consta en el certificado de baja del servicio activo de las fuerzas armadas que presentó a The Associated Press, y creyó que también con la ciudadanía. Solo se enteró que no era estadounidense cuando llegó su orden de deportación.

En 1996, las leyes migratorias se endurecieron y los delitos susceptibles de deportación para residentes regularizados -aplicables a todos los extranjeros, veteranos o no- se ampliaron a una treintena, desde rellenar mal una devolución de impuestos hasta crímenes por drogas. Aun así, entre 1999 y 2008, más de 70.000 extranjeros se alistaron en el ejército, según el informe de la ACLU.

La organización refiere que muchos de los crímenes cometidos por exmilitares están vinculados al estrés postraumático posterior al servicio.

No hay datos públicos sobre cuántos exmilitares han sido deportados, pero la Casa de Apoyo a los Veteranos Deportados, en la ciudad fronteriza de Tijuana, dice tener registro de 301 expulsados a una treintena de países. Más de 60 son mexicanos.

Héctor Barajas, el encargado de gestionar ese pequeño local lleno de banderas, estandartes y recuerdos, es uno de ellos. Nacido en el estado mexicano de Zacatecas hace 40 años, fue criado en Estados Unidos desde los 7 cuando cruzó ilegalmente la frontera con su familia.

Años más tarde y ya con su residencia en regla, se hizo paracaidista. Sirvió en el ejército de 1995 a 2001. Barajas creía haberse convertido en ciudadano estadounidense al alistarse. Se dio cuenta de que no era así cuando, después de pasar año y medio en la cárcel por disparar a un vehículo, le deportaron en 2004.

“Recuerdo que me llevaron a la frontera, me abrieron una puerta y ya”, comenta. “Te quedas perdido”.

No estaba acostumbrado a hablar español y tampoco sabía cómo ganarse la vida. A los seis meses de deportado, volvió a cruzar ilegalmente. En 2010 le detuvieron de nuevo y le deportaron de por vida. Entonces montó “el Bunker”.

Ahí recibe a los deportados, les contacta con abogados para intentar tramitar pensiones, con psicólogos para superar traumas y adicciones, y les informa de cursos para buscar empleo. Pero sobre todo escucha a quienes -como él- se sienten abandonados por el país por el estuvieron dispuestos a darlo todo.

Tijuana se convirtió así en un punto de encuentro para muchos de los que tienen familia en California y querían estar más cerca de sus seres queridos. Como muchos otros mexicanos deportados que vivieron décadas en Estados Unidos, llegaron sin trabajo a un país desconocido.

Unos batallaron para buscar trabajo, otros lo consiguieron en lugares como call-centers donde valoran su inglés. Algunos fallecieron lejos de la que siempre consideraron su casa. Otros vieron morir a los suyos con una frontera de por medio.

Pese a todo, su patriotismo hacia Estados Unidos se mantiene firme.

“Volvería a alistarme otra vez”, asegura Romo.

“¿Dónde firmo?”, pregunta Barajas.

La ACLU y algunos legisladores han intentado, sin éxito, recabar apoyos para detener o reducir la deportación de veteranos. Frente a ellos, otros defienden las leyes actuales porque, como argumenta el diputado republicano por Illinois John Shimkus, analizan cada deportación caso por caso y permiten tener en cuenta las circunstancias especiales de cada persona.

“Tenemos una enorme deuda de gratitud con todos los hombres y mujeres que han luchado por nuestra nación pero no podemos hacer excepciones a las leyes”, mantiene Shimkus, coronel retirado del ejército.

La iniciativa legislativa más reciente la presentó en febrero Lorena González, congresista demócrata de California y esposa de un marine que sirvió en Irak, quien apuesta por crear un fondo que ayude legalmente a los veteranos a tramitar su retorno.

Eso podría ayudar a personas como Barajas, quien ya hace un año solicitó su naturalización con ayuda de abogados y espera una respuesta oficial este mismo mes.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración no ofreció a la AP cifras sobre cuántos veteranos deportados han hecho esa petición, pero señaló que considera cada solicitud de forma individual.

Pase lo que pase, Barajas prepara la apertura de otro “bunker” en Ciudad Juárez, en la frontera con Texas, y espera promover una coalición bipartidista en Estados Unidos que apoye la causa de estos veteranos.

Romo ve su situación más complicada. Vivía en San Diego cuando se metió en problemas y fue encarcelado en 2001 en Texas, acusado de conspiración para venta y distribución de cocaína. Asegura que la prisión le convirtió de nuevo en persona porque fue ahí donde tuvo por primera vez ayuda psicológica.

Al cumplir su pena, el juez que tenía que deportarle le avisó que podía tramitar su ciudadanía. Comenzó a hacerlo, con la ayuda de un abogado, pero la cita final con migración llegó tarde, días después de haber sido expulsado.

Lo deportaron por Tamaulipas, uno de los estados más violentos de México. Tuvo que cruzar el Río Bravo a pie, en plena madrugada. “Tenía miedo”, reconoce.

En ese momento se convirtió en un soldado sin patria en cuya cabeza, dice, todavía resuena el lema de los marines: “No dejamos a nadie detrás”.

Hoy, desde su departamento de Playas de Tijuana decorado con réplicas de armas, Romo contempla el muro que le separa de su sueño: volver con su familia, reunirse con su hija de 22 años.

Sabe también que hay otra posibilidad para regresar: morirse. Estados Unidos otorga la ciudadanía póstuma a quien combatió y no tiene delitos susceptibles de pena capital o perpetua.

“Ofrecimos la vida a cambio de nada”, lamenta.

La tristeza, sin embargo, no les hace olvidar la cadena de mando y a quien le deben lealtad.

“Donald Trump es el comandante en jefe y tenemos que trabajar con eso”, dice Barajas. “Somos militares”.

RAMG

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