Hace dos años, el hijo de Steve Ronnebeck fue baleado cuando trabajaba en una tienda de Phoenix por una disputa en torno a un paquete de cigarrillos. El hombre acusado de apretar el gatillo era un inmigrante que estaba en el país sin permiso y que había sido detenido y liberado por las autoridades.
El supuesto asesino fue filmado por las cámaras del local pasando por sobre el cuerpo de Grant Ronnebeck, quien tenía 21 años, para tomar algunos paquetes adicionales de cigarrillos. El hombre enfrentaba un proceso de deportación, pero había quedado en libertad bajo palabra.
Ronnebeck y otros familiares de personas que fueron víctimas de delitos cometidos por inmigrantes tienen ahora un enorme aliado en el presidente Donald Trump, quien esta semana anunció la creación de una dependencia al servicio de las víctimas de los delitos de inmigrantes y de sus familias.
Si bien los inmigrantes son responsables de un porcentaje menor de los delitos que se cometen a diario en el país, el tema adquirió gran relevancia en la campaña presidencial del año pasado. Trump reiteradamente habló de esos delitos en sus actos y presentó a las víctimas, destacando una y otra vez los casos de inmigrantes sin permiso de residencia que burlaron a las autoridades y cometieron delitos.
Muchas de las familias han estado pidiendo por años cambios en el sistema inmigratorio, llegando incluso a alterar audiencias legislativas para hacerse escuchar.
Perder un hijo, especialmente cuando pudo haber sido evitado… de eso no hay retorno”, declaró Ronnebeck. “No te recuperas nunca. Pero tener un presidente que pone a los estadounidenses primero, que pone a las familias de las víctimas primero, es algo maravilloso. Finalmente nos están escuchando. Mi familia siente que volvemos a ser relevantes”.
Adolfo Altamirano, el hombre acusado de matar a Grant Ronnebeck, se declaró inocente de los cargos de asesinato, robo a mano armada y otros. Su juicio comenzará el 18 de septiembre en el condado de Maricopa, en Arizona.
La nueva dependencia del gobierno se llamará Victims of Immigration Crime Engagement (VOICE), y será parte del Departamento de Seguridad Nacional.
Durante la presidencia de Barack Obama, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas no difundió al público la información de los casos de inmigración, ni siquiera a las víctimas de delitos de inmigrantes. Además, creó en el 2012, una posición de defensor público que ayudaba a los inmigrantes sin papeles que enfrentaban procesos de deportación, respondía a quejas y ofrecía explicaciones sobre el funcionamiento de la dependencia.
Algunos sectores criticaron al gobierno por usar dinero público para defender a los extranjeros que están en el país sin autorización.
Dan Rosenberg dijo que una dependencia como VOICE le hubiera sido útil cuando un inmigrante sin papeles llamado Roberto Galo mató a su hijo Drew, de 25 años, al atropellar con su auto la motocicleta de su hijo en San Francisco a fines del 2010.
A Rosenberg le costó mantenerse al tanto de las audiencias y no sabía cuáles eran sus derechos como padre de la víctima.
Galo no tenía licencia de conducir y estaba en el país ilegalmente, pero tenía status de protección temporal, que lo amparaba de una deportación. Fue sentenciado a seis meses de cárcel y recuperó la libertad después de 43 días, según Rosenberg. Posteriormente fue deportado a Honduras.
Rosenberg ha sido un firme crítico de las políticas que protegen a los inmigrantes sin papeles. Fue detenido por la policía en el Capitolio en julio del 2015 después de entablar una discusión con otro individuo durante una audiencia de la Comisión Judicial del Senado en la que se analizaban las políticas de Obama hacia la inmigración ilegal. Rosenberg dijo que levantó la voz pero en ningún momento se puso violento. No fue acusado de nada.
Varios estudios han llegado a la conclusión de que los inmigrantes son menos proclives a cometer delitos que los nativos. Un informe del 2014 publicado por la revista Justice Quarterly indicó que los inmigrantes “muestran niveles notablemente bajos de participación en delitos”.
No todas las familias de las víctimas están de acuerdo con Trump.
Andy Ostroy, de Nueva York, dijo que no está bien que se satanice a un grupo de gente por las acciones de unos pocos.
La esposa de Ostroy, Adrienne Shelly, era una actriz y cineasta con una pequeña hija. Fue asesinada en el 2006 por un inmigrante ecuatoriano sin permiso de residencia que trabajaba en la construcción. Diego Pillco estranguló a Shelly y trató de hacer pasar la muerte como un suicidio. Confesó, se declaró culpable de homicidio culposo y fue sentenciado a 25 años de cárcel.
Ostroy opinó que programas como VOICE van a alimentar la retórica contra los inmigrantes.
Enfoquémonos en los delitos”, expresó. “No nos embarquemos en un sendero oscuro, peligroso, satanizando todo un sector de la población”.
Mary Ann Mendoza es la madre de un sargento de la policía que murió en el 2014 al chocar de frente con un vehículo conducido por un hombre ebrio que se cree estaba en el país sin permiso. El conductor del otro vehículo, Raúl Silva Corona, se había metido en un carril en sentido contrario y falleció también en el choque.
Mendoza dijo que había estado trabajando con miembros del equipo de Trump en la creación de VOICE y que se siente agradecida por lo que está haciendo el presidente.
“Muchas veces las familias sufren la pérdida de sus seres queridos y se preguntan qué pasó con el sistema”, expresó. “Me hubiera gustado tener en nuestro estado líderes que pusiesen la cara por el país y se hubiesen puesto a disposición de nuestras familias”.
AAE
