Tortura en México será sancionada hasta con 30 años de prisión

El Senado de la República aprobó la expedición de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. (Twitter@senadomexicano)

El Senado de la República aprobó la expedición de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. (Twitter@senadomexicano)

La tortura en México será sancionada hasta con 30 años de prisión.

El Senado de la República aprobó la expedición de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Con las nuevas disposiciones, este delito no prescribirá y deberá ser investigado de oficio, es decir, sin que la denuncia sea un requisito.

Las personas que sean sentenciadas por tortura no podrán ser beneficiarias de indulto o amnistía en ningún caso. Los superiores jerárquicos de quienes ejerzan tortura también serán sancionados.

Senadores de todas las bancadas subieron a la tribuna para hablar a favor de esta ley, que consideran, de vanguardia en la erradicación de la tortura en nuestro país.

Afirmaron que cumple con todos los estándares internacionales exigidos.

“Es una oportunidad histórica para el establecimiento de un marco legal eficaz e inequívoco que puede sentar las bases de la erradicación de la tortura en México”, dijo Pilar Ortega, diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Justicia.

“Es un avance relevante en materia de derechos humanos y de justicia”, afirmó Cristina Díaz, diputada del PRI y presidenta de la Comisión de Gobernación.

“Es una legislación integral, consolidada y acorde con los estándares internacionales en la materia”, sostuvo Dolores Padierna, coordinadora de los senadores del PRD.

El Senado aprobó de origen la ley y luego la Cámara de Diputados le hizo ajustes que fueron confirmados en sus términos por los senadores.

Entre estos ajustes se incluyó la invalidez de pruebas obtenidas mediante tortura en procesos judiciales.

De acuerdo con el nuevo ordenamiento, los servidores públicos que cometan el delito de tortura serán sancionados hasta con 20 años de prisión.

Los particulares alcanzarían una pena de 12 años.

La pena en ambos casos aumentaría a 30 años y 18, respectivamente, si la tortura es en contra de un menor de edad, adulto mayor, indígena, afrodescendiente, periodista discapacitado o migrante.

La reforma fue enviada al Presidente Enrique Peña Nieto para su promulgación.

Con información de Claudia Flores

LHE

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