Propuesta de Ley de Seguridad Interior, el análisis en Despierta con Loret

Los senadores Mario Delgado y Roberto Gil Zuarth en la mesa de Despierta con Loret. (Twitter, @NTelevisa_com)

Los senadores Mario Delgado y Roberto Gil Zuarth en la mesa de Despierta con Loret. (Twitter, @NTelevisa_com)

Los senadores Mario Delgado y Roberto Gil Zuarth coinciden en la necesidad de que la gente se sienta segura al caminar por las calles y que disminuya la incidencia delictiva, así como en incentivar la formación de policías locales, de acuerdo con sus declaraciones al debatir sobre la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que se analiza en el Senado de la República; sin embargo, se manifestaron en desacuerdo sobre la participación del Ejército.

En la mesa de Despierta con Loret, Delgado Carrillo afirmó que la propuesta “le da facultades desmedidas al presidente en el uso de las fuerzas armadas; al aplicar el concepto de seguridad interior, se busca legalizar la intervención del ejército”.

Para Gil Zuarth, “la facultad de disponer de las fuerzas armadas está en la Constitución desde hace 200 años, este asunto lo hemos venido discutiendo desde 1996 en casi todos los espacios públicos, se ha habilitado la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior, en auxilio de las fuerzas civiles, para combatir un fenómeno llamado crimen organizado”.

Recordó que el concepto de seguridad interior se discutió en 2004, y en 2012 el Senado de la República le dio atribuciones de policía marítima a la Armada. Afirmó que la Ley de Seguridad Interior pretende regular “una función discrecional, el presidente no tiene restricciones y con esta ley le acotamos el poder, establecemos cuándo se puede y cuándo no disponer de las fuerzas armadas”.

El senador Mario Delgado afirmó que la propuesta se contrapone con el artículo 21 constitucional que especifica que la seguridad pública está a cargo de autoridades civiles, mientras que la propuesta “hace una definición de seguridad interior, en la que de facto amplían facultades para el presidente. Se quiere legalizar la permanencia del Ejército sin preguntarnos si ha dado resultados”.

Gil Zuarth recordó que la propuesta de ley “establece plazos fatales para la presencia de las fuerzas armadas”, y acota los tiempos. Puntualizó que el Ejército ha estado 10 años en Tamaulipas y ocho en Veracruz, sustituyendo a las instituciones civiles, sin que los gobiernos locales se hayan preocupado por dar adecuada formación a sus cuerpos policiales.

Afirmó que “de 2012 a la fecha se han duplicado las bases mixtas de seguridad pública, el personal del Ejército destacado en ellas pasó de 1,630 elementos a más de 3 mil”, además, antes estaban “en seis estados y hoy están en más de 24”, ello, afirma, es muestra de la “presencia más relevante e intensa de las fuerzas armadas”; lo cual ocurre, subrayó, “porque los gobiernos locales no han hecho trabajo en formación de policías”.

Destacó que la propuesta de ley tiene como uno de sus objetivos “romper el incentivo perverso, porque es más fácil y barato usar al Ejército que formar policías”

Gil Zuarth subrayó que la Ley de Seguridad Nacional establece que una de las amenazas del Estado “es la presencia del crimen organizado, porque una cosa es perseguir el delito común y otra enfrentar al crimen organizado”.

Delgado Carrillo coincidió en que es necesario atajar la actividad de la delincuencia organizada, pero, subrayó, se ha incumplido la formación de policías, mientras el Ejército entró a hacerse cargo de una emergencia, pero, acotó “no hay indicadores de que se haya hecho bien”, argumentó que en 2006 la tasa de homicidios era de 8 o 9 por cada 100 mil habitantes, “ahora hay muchas más fuerzas armadas en la calle y la cifra aumentó a 24 por cada 100 mil”.

Roberto Gil afirmó que las intervenciones del Ejército se han dado desde 1999 y en 2006 sólo se “rutinizó” ante la ausencia de policías bien capacitados y destacó que “en 75% de los casos de secuestro estaban implicados los policías estatales y municipales, por lo que fue necesario sacar al Ejército de los cuarteles para pacificar a México”.

Gil destacó la necesidad de “poner límites a la temporalidad de la presencia del Ejército. Se deben poner limitaciones temporales y metas específicas”.

Sin embargo, dijo Delgado, eso “no cambiará la naturaleza del Ejército, que es entrenado para la guerra, y su actuación conlleva riesgos de quejas a los derechos humanos, porque ponemos a una fuerza entrenada para hacer una cosa para hacer otra y no se le va a preparar de manera distinta”.

Afirmó que si se desea salvaguardar el respeto a las Fuerzas Armadas, “tenemos que cuidar a qué se les está mandando; el primero en levantar la voz fue el propio general Cienfuegos”.

Reconoció que “tiene que haber un plan ordenado para regresar al Ejército a los cuarteles”, pero insistió en la necesidad de discutir “cómo vamos a formar policías”.

Roberto Gil Zuarth recordó que “ya el Senado aprobó una ley para la formación de policías”, pero también hace falta “la Ley de Seguridad Interior para saber cuándo el gobierno federal debe entrar al auxilio de un gobierno local en materia de seguridad, a reconstruir instituciones, darle espacio y tiempo al gobierno local de formar sus policías”.

Destacó que se requiere saber “en qué circunstancias y bajo qué compromisos las entidades federativas van a concurrir a la respuesta de fortalecer sus instituciones, porque los gobernadores gastan el dinero en otras cosas y no en la formación de policías”.

 

 

 

tfo

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