Investigaciones financieras y fiscales de instituciones del Gobierno Federal detectaron que el 2 de febrero de este año, María Guadalupe Rodríguez Martínez recibió 100 millones de pesos en su cuenta bancaria personal. El dinero provenía del Gobierno de Nuevo León, sin que existiera un contrato o convenio que establezca la legalidad del destino que tuvieron esos recursos públicos.
El dinero debió destinarse para los 73 Centros de Desarrollo Infantil, Cendis, de los que es directora María Guadalupe Rodríguez Martínez. Pero, por el contrario, dispuso de 62 millones de pesos para un fondo de inversión de la que es titular. El saldo está actualizado hasta junio de 2017.
Con el resto, es decir con 27 millones de pesos, suscribió varios cheques a favor de tres presuntos prestanombres.
Documentos en poder de Despierta revelan que entre el 3 de febrero y el 5 de junio María Guadalupe Rodríguez Martínez, también fundadora del Partido del Trabajo (PT), suscribió 3 cheques a favor de María Cristina Martínez Corpus por un total de 6 millones de pesos.
Durante su comparecencia ante el Ministerio Público de la Federación textual dijo:
No tengo ningún control sobre la cuenta bancaria (…) quien me lleva los cheques a firma para que me sean endosados y, por tanto, puedan ser depositados en la cuenta es el señor Juan Manuel Rodríguez Martínez, que es hermano de María Guadalupe Rodríguez Martínez, a él no lo ubico trabajando dentro de la estructura de los Cendis”.
La segunda persona física es María Mayda Paredes Díaz. Entre el 28 de febrero y el 31 de mayo, María Guadalupe Rodríguez suscribió seis cheques por un total de 9 millones 980 mil 765 pesos.
María Guadalupe Rodríguez suscribió 24 cheques a favor de Héctor Quiroz García, dirigente del PT en Aguascalientes.
En su declaración ante el agente del MP, Héctor Quiroz afirmó:
Mi única función fue la de auxiliarlos para la apertura de la cuenta. Yo sólo reviso los cheques, sin embargo, no sé quién haga los depósitos ni en que fechas, ni por qué cantidades”.
Derivado de lo anterior, la PGR solicitó el aseguramiento precautorio de las cuentas bancarias a nombre de los involucrados por un monto que rebasa los 116 millones de pesos.
El Gobierno de Nuevo León no ha hecho ningún pronunciamiento sobre el tema.
Con información de Rosario Martínez
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