El trágico caso legal sobre el “derecho a vivir” del bebé Charlie Gard, que padeció de una rara enfermedad genética, conmovió a millones de ciudadanos del Reino Unido y el mundo entero.
Pero este verano, en la misma Corte Real de la Justicia en Londres se llevó a cabo otra controversial batalla judicial: esta vez sobre el “derecho a morir”.
Noel Conway, un profesor británico de 67 años de edad, fue diagnosticado con una enfermedad neuronal motora en el 2014.
Es un mal terminal que no tiene cura.
Conway demanda un cambio en la legislación británica, llevando a corte al Ministerio de Justicia del Reino Unido.
Este paciente insiste en que los médicos británicos deben contar con el derecho de prescribirle una dosis letal, cuando su salud física se deteriore tanto que le queden menos de 6 meses de la vida. Esto mientras que su capacidad mental todavía no haya sido afectada.
“Si tuviéramos una ley para la muerte asistida, me quitaría la carga de una gran ansiedad sobre mis últimos días. En particular, no tendría que resolver el dilema de si resolver esto por mi propia cuenta. Yo quiero morir, estoy listo para morir”, dice Noel Conway.
Bajo la ley británica contra el suicidio, adoptada en 1961, los médicos británicos enfrentan hasta 14 años de cárcel si ayudan a los pacientes como Conway a morir.
Pero los últimos sondeos públicos en Gran Bretaña indican que el 82 por ciento de la población quiere ver cambios importantes en esta vieja ley.
Esta ONG británica, “Dignity in Dying”, o ‘Morir con Dignidad”, cuenta con muchos miembros de la Cámara de los Comunes y de los Lores entre sus patrocinadores, y recomienda que el Reino Unido aprenda de la práctica en Canadá, Suiza o el estado norteamericano de Oregón, donde el suicidio asistido es legal.
“En Oregon han practicado la muerte asistida desde hace ya 20 años. Es un método muy probado. La ley no ha extendido sus alcances desde que se la redactó y funciona muy bien. Lo importante, creo, es que antes de la ley, la comunidad de los hospitales se oponía a ella, y con fuerza. Pero, en cuanto la ley entró en vigor, los hospitales se dieron cuenta de que sus miedos no tenían fundamento y ahora reconocen que la muerte asistida funciona muy bien, junto con el excelente cuidado que dan a la etapa final de la vida en Oregon”, señala David Pierce, de la ONG británica “Dignity in Dying”.
Pero hay oponentes también; entre ellos las Iglesias Anglicana y Católica, así como los organismos no-religiosos que protegen la santidad de la vida y promueven un mejor cuidado paliativo, en vez de la legalización de la eutanasia.
Al respecto, Phil Friend, de la ONG pro-vida “Not Dead Yet UK”, subraya que “cualquier cambio a la ley para permitir el suicidio asistido presionaría a gente vulnerable para que pusiera término a sus vidas por temor a ser una carga para sus cuidadores o para una sociedad o un Estado corto en recursos. Evidencia de otros países demuestra que es imposible diseñar una ley que impida que se cometan estos abusos”.
En el 2015, el Parlamento Británico rechazó con una mayoría de más de 300 votos las enmiendas que legalizaban parcialmente el suicidio asistido.
El veredicto de la Alta Corte sobre el caso de Noel Conway se espera para el próximo mes de octubre.
Con información de Vytas Rudavicius
AAE
