El Vaticano abrió este martes el juicio contra el expresidente del hospital pediátrico Bambino Gesù, administrado por la Santa Sede, Giuseppe Profiti, y su extesorero,
Massimo Spina, para esclarecer si se desviaron fondos a un empresario italiano para que se beneficiara de la reforma del ático en el que vive el cardenal Tarciso Bertone.
Tras la primera audiencia preliminar, el proceso continuará los próximos 7, 8 y 9 de septiembre debido al periodo de vacaciones.
En la pequeña y única sala del Tribunal del Vaticano, donde hace poco menos de un año concluyó el proceso Vatileaks2 sobre la filtración de documentos secretos del Vaticano, se volvió a abrir un proceso, ésta vez con dos imputados bajo la acusación de peculado.
Pero ya en la primera audiencia de este juicio sobrevoló la figura del exsecretario de Estado vaticano y todopoderoso cardenal Bertone, que podría ser llamado a declarar aunque no figura aún en la lista oficial de testigos presentada por los abogados.
Ante los ojos de un pequeño grupo de periodistas autorizados a seguir la audiencia, comenzó un nuevo proceso en el pontificado del papa Francisco aunque esta vez responde a la intención del pontífice de acabar con la corrupción en el pequeño Estado.
En el banquillo se sentaron Profiti, quien fuera presidente de la Fundación Bambino Gesú, que se ocupa de la gestión de los fondos del llamado “hospital pediátrico del papa”, y Spina, también ex tesorero antes de que cambiase totalmente la gestión.
En esta primera audiencia el abogado del Profiti, Antonello Blasi pidió evitar la presencia de periodistas en la sala “para evitar molestias”, a lo que se asoció el letrado de Spina, Alfredo Ottaviani, que dijo sentirse “presionado” por la presencia a sus espaldas de la prensa.
El promotor de justicia, como se denomina al fiscal vaticano, Gianpiero Milano, argumentó que es un juicio de importancia pública, justificando así la presencia de la prensa, y el presidente del Tribunal, Paolo Papanti-Pelletier, rechazó la petición de la defensa.
El juez desestimó también el “defecto de jurisdicción” alegado por los abogados ya que, según ellos, el presunto delito se cometió en Inglaterra, sede de la empresa que recibió los pagos, o en Italia, ya que la sede de la Fundación está en Roma, pero nunca en el Vaticano.
A este respecto, la fiscalía argumentó que el presunto acto criminal no ha sido realizado por la fundación sino por dos personas que han utilizado mal ese dinero y que han enviado transferencias desde las cuentas de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) a Inglaterra y por tanto “el peculado se ha cometido en el Estado Vaticano”.
Asimismo, recordaron que ambos directivos era oficiales públicos del Vaticano y por tanto bajo jurisdicción de las leyes del Vaticano “en cualquier parte del planeta” en la que se encuentren.
En esta primera vista, el abogado de Profiti pidió la adquisición de los documentos sobre los estatutos de la Fundación y una pericia técnica sobre las obras de reestructuración realizadas tanto en el apartamento de Bertone como en todo el edificio.
Fue el abogado de Spina quien hizo referencia a una carta del cardenal Bertone, que ha sido incluida en el sumario del proceso y de la que se desconoce su contenido.
Sólo después del proceso, el letrado explicó vagamente a la prensa que la carta escrita por el exsecretario de Estado para este juicio dejaba claro que “todo está bien” y que “no hay problemas”.
Pero el abogado dejó abierta la posibilidad de llamar a declarar como testigo a Bertone.
El caso comenzó hace cerca de un año, cuando el semanario “L’Espresso” publicó un artículo en el que desvelaba que una parte de la reestructuración del ático al que se mudó Bertone al ser sustituido como secretario de Estado, de unos 300 metros cuadrados más otros 100 metros de terraza, fue pagada con los fondos de la Fundación Bambino Gesù.
Según el artículo las obras de reestructuración fueron facturadas a una empresa británica “LG Concractor Ltd” que estaba vinculada a la sociedad italiana que realizó el trabajo, “Castelli Re”, ambas controladas por el empresario Gianantonio Bandera.
El exsecretario de Estado vaticano aseguró entonces en una carta que no sabía de dónde venían esos fondos y realizó una donación personal de 150.000 euros a este hospital pediátrico como compensación por el agravio.
AAE
