El Senado aprobó por unanimidad una reforma para prohibir de manera explícita el uso indebido o condicionado de los programas sociales y de sus recursos.
Los servidores públicos serán sancionados, de acuerdo con los ordenamientos legales correspondientes, cuando los utilicen para inducir o coaccionar a los ciudadanos a fin de que voten a favor o en contra de cualquier partido político o candidato.
La reforma obliga a crear mecanismos de vigilancia permanente, para que los recursos públicos destinados al desarrollo social se ejerzan con base en los principios legales.
La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para su estudio y ratificación.
Con información de Claudia Flores.
RMT
