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¿De qué acusan a Javier Duarte?

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a su llegada a la cárcel del cuartel Matamoros en la Ciudad de Guatemala (EFE)

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a su llegada a la cárcel del cuartel Matamoros en la Ciudad de Guatemala (EFE)

Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, dijo que se comprometió “a que Duarte sería detenido y se le aplicaría la ley; hoy está en la cárcel”.

Javier Duarte tiene dos órdenes de aprehensión en su contra, una de ellas, la que permite solicitar su extradición desde Guatemala, fue girada por un juez federal el 14 de octubre de 2016, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Se acusa a Duarte y a otras ocho personas de haber constituido una red delictiva que permitió desviar 223 millones de pesos del erario estatal a empresas fantasma.

Yunes detalló que “durante los últimos tres años presente diversas denuncias penales contra Javier Duarte y sus cómplices ante la Procuraduría General de la República y ante la Fiscalía General del Estado, en estas denuncias se aportaron los elementos que permitieron obtener la orden de aprehensión ya ejecutada”.

Los juzgados de Veracruz giraron otras dos órdenes de aprehensión por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición; estas no forman parte de la solicitud de extradición, pero las autoridades mexicanas las pueden incluir.

Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), aseguró que “no ha recibido ninguna solicitud a este respecto en este sentido… la PGR continúa trabajando en la identificación de cuánto es el total de las operaciones ilícitas”.

Existen otras investigaciones periodísticas que documentaron desfalcos y desvíos de recursos públicos que se realizaron durante el sexenio de Javier Duarte.

El programa Punto de Partida registró el adeudo de más de tres mil millones de pesos que, según proveedores y prestadores de servicios de todo tipo, quedó a deber el gobierno de Veracruz.

En septiembre de 2015, Carlos Ramírez Reyes, integrante del grupo musical Amistad Latina de Xalapa, Veracruz, comentó a Punto de Partida que no les habían pagado, “ya tiene tres años… estamos completamente endrogados igual como otras agrupaciones, tuvimos que empeñar nuestra unidad de transporte”.

En esa misma fecha, Jorge Alberto Delgado, apoderado legal de la empresa Clank, Chihuahua, informó que habían presentado una “demanda en contra del DIS estatal de Veracruz por un adeudo que existe con la empresa… cercano a los 118 millones de pesos”.

Beneficiarios de programas estatales tampoco recibieron sus cheques.

Tal es el caso de Guillermo Peralta Hinojosa, beneficiario de la Ley 223 de Boca del Río, quien desde octubre de 2014 no ha recibido el pago de su pensión, “tenemos aquí la promesa del señor gobernador de que teníamos que recibir ese apoyo… ya nos deben, si hacemos la cuenta ultima, ya son cinco mil casi seis mil pesos”, indicó.

Abigail Gómez, atleta veracruzana, reveló que el Gobierno de Veracruz no les había pagado seis meses y que el 99 por ciento de los atletas y entrenadores estaban en la misma situación.

Desde 2013, también se documentó que los recursos públicos no llegaban a los hospitales del estado.

Alí Navarrete, cirujano del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, denunció que no tenían recursos “como son gasas, compresas, equipo quirúrgico para poder entrar, entonces tuvimos un retraso”.

En noviembre del 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso seis denuncias ante

la Procuraduría General de la República en contra de funcionarios del Gobierno de Veracruz por el desvío de más de siete mil millones de pesos.

En la denuncia se señala que solo se simuló reintegrar recursos federales asignados a programas específicos.

En caso de que Duarte sea extraditado, aún se pueden incluir más denuncias, incluso si ya han pasado varios meses.

“Nadie puede ser juzgado por otro delito distinto al que fue extraditado… pero existen excepciones como este principio de excepción de especialidad donde la PGR solicita al país que extraditó, en este caso Guatemala, la autorización para ser juzgado por otros delitos”, apuntó el subprocurador, Alberto Elías Beltrán.

 

Con información de Fátima Monterrosa.

 

RMT

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