Seguidores del oficialismo marcharon el martes en la capital venezolana en rechazo a las posibles sanciones que podría aplicar la OEA al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
A pocas horas de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde se debatirá la crisis de Venezuela, miles de oficialistas, vestidos con camisas rojas y con carteles en los que se leía “somos antiimperialistas”, tomaron las calles del centro de Caracas. Las autoridades bloquearon con rejas los alrededores de la Asamblea Nacional, donde fue instalada una tarima para recibir a los manifestantes.
El Tribunal Supremo de Justicia, señalado de estar controlado por el gobierno, declaró nulo por “inconstitucionalidad” el acuerdo de respaldo que aprobó la semana pasada la Asamblea Nacional a la activación del proceso para aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana.
El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que establece los estándares democráticos acordados por los países del hemisferio en 2001, autoriza a cualquier Estado miembro o al secretario general de la OEA a convocar al Consejo Permanente en caso de que “en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.
En la sentencia de la Sala Constitucional, que fue difundida el martes, se ordena a Maduro ejercer las medidas necesarias para evitar un “Estado de conmoción”, “revisar las diversas leyes” ante el “desacato” del Congreso y evaluar el comportamiento de las organizaciones internacionales.
Asimismo, el máximo tribunal dejó abierta la posibilidad de que alguna instancia inicie acciones contra los congresistas opositores al reconocer que la inmunidad parlamentaria sólo ampara los actos desplegados en ejercicio de atribuciones constitucionales y no frente a “ilícitos constitucionales” y “penales flagrantes”.
El reclamo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para convocar elecciones generales en Venezuela —respaldado por 14 de los 34 Estados miembros del organismo— le dio un nuevo aire a la oposición, que ha decidido recurrir a la presión internacional para lograr la salida de Maduro luego de que se truncara en octubre un referendo revocatorio de su mandato.
Maduro superó en enero más de la mitad de su mandato de seis años por lo que la oposición quedó sin opciones para convocar a un referendo ya que la legislación venezolana no permite estas consultas en los dos últimos años de gobierno.
El director de la encuestadora local Datanálisis, José Antonio Gil Yepes, descartó que las acciones del oficialismo puedan tener algún impacto entre la mayoría de los venezolanos y sostuvo que la campaña del gobierno sólo llegará a las “fuerzas más leales y radicales”, que representan cerca de 20% de la población.
Gil Yepes dijo a The Associated Press, sin embargo, que “no ve condiciones” para que la oposición pueda aprovechar el momento y generar adhesiones, ya que a pesar del creciente descontento con la administración de Maduro los venezolanos no se sienten identificados con los políticos opositores.
En los últimos tres meses, la popularidad de Maduro pasó de 18% a 22% según estimaciones de Datanálisis, una de las principales encuestadoras del país. El analista atribuyó el repunte al “vacío de la oposición” para producir una alternativa política.
HVI
