El Senado de la República aprobó la primera reforma para atender las consecuencias de la expulsión de connacionales que, por años, han vivido en Estados Unidos y que por decisión del presidente Donald Trump han comenzado a ser repatriados.
Con 107 votos a favor y uno en contra, el pleno aprobó modificaciones a la Ley General de Educación, que permitirá eliminar trámites y requisitos para que niños y jóvenes se reintegren al sistema educativo nacional.
Además, facilitará la revalidación de estudios realizados en Estados Unidos y en cualquier país.
Agilizará, en el caso de la educación básica, la inscripción, reinscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación de estudios.
La reforma obliga a las autoridades educativas federal y locales a no exigir documentos académicos o de identidad para garantizar su acceso a la educación.
Desde la tribuna, los senadores reconocieron que es el primer paso para apoyar a quienes se ven obligados a regresar a México, en este caso, interrumpiendo su formación.
“Como nunca, recibimos, tenemos un embate de Estados Unidos muy fuerte, de su presidente fundamentalmente, que nos obliga a los mexicanos a replantearnos cómo queremos atender el desafío y cómo vamos a afrontar”, señaló Graciela Ortiz, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos.
“Para muchos millones de mexicanos y mexicanas que hoy están en Estados Unidos, que hoy tienen la hostilidad de Donald Trump enfrente y que tienen que volver a ver en México la posibilidad de ver adelante”, comentó Armando Ríos Piter, senador del Partido de la Revolución Democrática.
La reforma obliga a atender preferentemente a las personas en situación vulnerable por su condición migratoria.
Faculta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a autorizar a instituciones particulares con reconocimiento de validez oficial así como a las públicas que aún no lo hacen, a otorgar revalidaciones y equivalencias parciales de estudios de educación superior y media superior.
Una vez que este decreto sea publicado en el Diario Oficial, la SEP contará con 60 días para publicar las reglas que se deberán seguir.
“También la SEP tendrá que modificar el modelo educativo para atender a la población migrante porque su dominio del castellano, su conocimiento de la historia, la geografía, la cultura es asimétrico en comparación con el resto de los educandos”, señaló Juan Carlos Romero, presidente de la Comisión de Educación.
La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, que tendrá un plazo de 30 días naturales para su revisión y en su caso, aprobación. Esto por tratarse de una iniciativa con carácter de preferente enviada por el Presidente de la República al Congreso.
Con información de Claudia Flores
MAP
