La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Prodecon, ha otorgado contratos por más de 800 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) para realizar trabajos como soporte técnico, asesorías y hasta carpintería, albañilería y limpieza.
Esa cantidad es similar a lo anunciado por el gobierno federal para defender a los mexicanos en proceso de deportación en Estados Unidos. Y en todos los casos, los contratos han sido adjudicaciones directas.
Desde su creación, en septiembre de 2011, la Procuraduría ha tenido vínculos estrechos con la Universidad.
“En ese año no teníamos presupuesto, no teníamos nada. La Universidad Autónoma de Nuevo León nos prestó oficinas, servidores, computadores, lugares donde trabajar”, explica Guillermo Ignacio González Ávila, secretario general de la Prodecon.
El favor fue redituable. En cinco años y medio, la Prodecon le ha dado por lo menos 22 contratos, sacando ventaja de la ley que permite que no haya licitación cuando se trate de contratos entre dos organismos públicos.
La Auditoria Superior de la Federación ha señalado irregularidades en esos contratos e incluso en 2014 multó a la Universidad por no informar si realizó los trabajos completos o subcontrató algún porcentaje.
Imagen de un contrato otorgado por la Prodecon a la UANL (Noticieros Televisa)
“Efectivamente hubo una compulsa, nos citaron a nosotros, pero para proveer una información. Realmente lo que pasó fue situación de la Prodecon, no nuestra, porque a quien estaban auditando era a la Prodecon. No llegamos al 49, no tengo la cifra exacta, pero nunca hemos llegado; nunca superaba, exagerando un 30 por ciento”, dice Carmen de la Fuente, secretaria general de la UANL.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo público de reciente creación que dice atender a más de 100 mil contribuyentes al año. Su presupuesto ha aumentado de 440 millones en 2012 a cerca de 700 millones en 2017.
Los primeros contratos que dio a la Universidad Autónoma de Nuevo León los firmó en un edificio de la misma universidad, en la colonia Condesa de la Ciudad de México. De acuerdo con su secretario general, Guillermo Ignacio González, no se hicieron licitaciones públicas por esos trabajos, pues la Prodecon tenía órgano de gobierno.
“Al no tener órgano de gobierno, no teníamos políticas, bases, lineamientos, ni formas de cómo hacer licitaciones o hacer adjudicaciones y cumplir con esta parte normativa”.
En 2012, fueron nueve contratos por un total de 388 millones de pesos. Uno de ellos por la remodelación del que sería su nueva sede.
Prodecon pagó a la Universidad de Nuevo León 27 millones 200 mil pesos por albañilería, acabados en muros y plafones, pisos, herrería, carpintería, muebles de baño y accesorios, iluminación, instalación de sanitarios, aire acondicionado, cortinas, persianas y hasta servicio de limpieza. Trabajos que, reconocen, fueron subcontratados.
Imagen de un contrato otorgado por la Prodecon a la UANL (Noticieros Televisa)
“¿Qué área de una universidad podría hacer esto? y ¿Por qué a la Universidad de Nuevo León se le tendría que dar la remodelación del edificio? Como te comenté en la primera parte, en el 2012, ellos son los que nos dan asilo en esta parte”, explica Guillermo Ignacio González Ávila, secretario general de la Prodecon.
“La Universidad iba no tanto por los trabajos de albañilería, como se sabe eso no es lo nuestro. Eso lo subcontratamos, pero para nosotros eso es lo menos dentro del proyecto de 27 millones de pesos”, afirma Carmen de la Fuente, secretaria general de la UANL.
En la Cuenta Pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación señaló irregularidades en siete contratos de la Universidad adjudicados de manera directa, por más de 640 millones de pesos.
Uno de ellos por 12 millones, con vigencia de un año, para la organización de conferencias de prensa, foros, inauguración de delegaciones, stands para ferias y exposiciones. Y otro, por la instalación y mantenimiento del sistema de videoconferencia de todas las sedes de la Procuraduría.
“Este es un contrato que se hizo, es por 600 millones, pero es por cuatro años. Realmente el ingreso es por 15 millones que, de eso, a la Universidad le quedan 15 ó 18 millones, no más”, asegura Carmen de la Fuente, secretaria general de la UANL.
“Lo vimos por cuatro aspectos. Una, la parte de costos, nos sale más barato. La segunda parte fue aprobada por la Unidad de Gobierno Digital. Cuarto punto, es legal, es factible conforme a la ley. Y por esos aspectos nos salía más beneficioso, y por la oportunidad que te había comentado de cómo se dio la relación”, explica Guillermo Ignacio González Ávila, secretario general de la Prodecon.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, considera que se debe modificar la ley para evitar que las universidades sean contratadas por trabajos que no pueden hacer y que además se conviertan en favoritas del gobierno federal.
“Son instituciones públicas y entonces es el gobierno contratando al gobierno, eso es legal. El problema es cuando se abusa de la figura y se utiliza para esconder contratos o para esconder subcontrataciones a terceros que ya no son entes públicos”.
Imagen de un contrato otorgado por la Prodecon a la UANL (Noticieros Televisa)
Carmen de la Fuente, secretaria general de la Universidad Autónoma de Nuevo León, justifica la firma de contratos millonarios con el crecimiento de la comunidad universitaria sin que aumente el presupuesto para la institución.
“Nosotros nos vimos en la necesidad de salir a buscar los recursos. La Universidad, con lo que más o menos se queda, es entre un 10 a 12 por ciento, eso ha sido la utilidad de la Universidad”.
La secretaria general de la UANL, agrega que han “trabajado prácticamente de todo”.
“Hasta te puedo decir que vendemos vacas, hacemos todo, todo, todo. Hacemos sistemas, construimos puentes, carreteras, remodelamos. Damos servicio en cuestiones legales, apoyamos en cuestiones de salud”.
Prodecon asegura que pese a los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación seguirá contratando a la Universidad pues lo hace, dice, con apego a la ley.
“Mientras nos den los servicios, pues nosotros no es que beneficiemos”, señala Guillermo Ignacio González Ávila, secretario general de la Prodecon.
Con información de Ana Lucía Hernández
MLV
