En la extradición de Joaquín Guzmán Loera, el gobierno mexicano actuó con estricto apego a los procedimientos legales y con respeto a los derechos humanos. “No es una señal política, actuamos de acuerdo con los tiempos judiciales”, afirmó Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con Elías Beltrán el gobierno mexicano actuó respetando los tiempos del poder judicial, porque primero se extinguieron los procesos de amparo solicitados por la defensa de Guzmán Loera y sólo después de que los procesos fueron resueltos de manera negativa para el solicitante “quedó sin efecto cualquier suspensión y se puede aplicar la ley de extradición”.
El funcionario descartó que se trate de un trofeo para Donald Trump, porque “desde hace meses había el acuerdo de extradición presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que quedó en suspenso por amparos presentados que corrieron su proceso y cuando fueron resueltos en definitiva pudimos actuar en consecuencia”.
Esta extradición, subrayó, “no es un regalo, se actuó de acuerdo con los estándares internacionales”.
Alberto Elías Beltrán descartó la posibilidad de que apliquen la pena de muerte a Joaquín Guzmán Loera, porque “está establecido en el tratado bilateral firmado por Estados Unidos y por México y lo garantiza la Constitución mexicana”.
Finalmente, destacó que, si Joaquín Guzmán Loera es liberado por la justicia de Estados Unidos, “regresará a enfrentar 10 procesos penales en México, porque al entrar al sistema judicial estadounidense quedan en suspenso sus juicios en nuestro país, pero no se terminan”.
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