CORRUPCIóN

Revelan nombres de los implicados en el caso Duarte

CIUDAD DE MÉXICO, México, oct. 19, 2016.- Como parte de la investigación contra el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene conocimiento de la mecánica con la que se desviaron 500 millones de pesos, procedentes del erario estatal.

Durante varios meses, diferentes dependencias del Gobierno de Veracruz otorgaron, mediante contratos, recursos económicos a 35 empresas “fantasma”.

Estas 35 empresas, inexistentes, según la autoridad, estaban vinculadas con la prestación de diferentes servicios que no realizaron; desviaron los recursos que les dio el Gobierno de Veracruz hacia otras dos empresas, distintas entre sí.

Los dueños de estas empresas descubiertas en la investigación adquirieron, con esos recursos, tierras ejidales en Veracruz a precio sobrevaluado.

En la investigación de la PGR se detectó que los dueños de las tierras ejidales vendidas, devolvieron el sobreprecio obtenido por la venta de los ejidos al entonces gobernador Duarte.

Por este caso, el Ministerio Público federal solicitó orden de aprehensión contra nueve personas de las cuales dos ya están detenidas y los demás, incluido Javier Duarte, están prófugos.

Estos son los ocho acusados, además de Javier Duarte, de lavar dinero.

– Moisés Mansur Cysneiros,

– José Juan Janeiro Rodríguez,

– Rafael Gerardo Rosas Bocardo,

– Santa Bartolo Acuña,

– Miguel Velázquez Nieva,

– Javier Nava Soria,

– Nadia Isabel Arzate Peralta y

– Elia Arzate Peralta.

Entre estos personajes, está Mansur, a quien Duarte nombró heredero de todos “sus bienes”, también Nadia Isabel Arzate, una mujer de bajos recursos a la que le embargaron un departamento por una deuda con el banco.

En el grupo de ocho imputados figuran Juan José Janeiro y Rafael Rosas, quienes siguiendo instrucciones de Mansur, habrían invertido el dinero en un rancho en Las Mesas, en el Estado de México.

Los delitos que se imputan a los implicados son considerados como graves y podrían alcanzar hasta una pena de hasta 20 años de cárcel.

RMT