Ambos casos “mandan un importante mensaje sobre por qué el trato a los detenidos que están bajo tu custodia tiene que cumplir las normas del derecho internacional”, explicó la directora adjunta del programa Justicia Internacional de la organización Human Rights Watch (HRW), Param-Preet Singh.
Los máximos responsables de esos delitos “podrían estar sujetos a responsabilidad penal”, añadió Singh, lo que abre la posibilidad a que terminen siendo juzgados en La Haya.
La Fiscalía de la CPI concluyó esta semana, en un informe hecho público, que existe una “base razonable para creer que miembros de las fuerzas armadas del Reino Unido cometieron crímenes de guerra” en Irak contra “personas bajo su custodia”.
Irak no forma parte del Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI, pero el Reino Unido sí, por lo que la corte tiene jurisdicción sobre los delitos perpetrados por sus nacionales.
Entre los crímenes que deben esclarecerse hay homicidios, torturas, tratos inhumanos, violación y otras formas de violencia sexual, cometidos supuestamente entre marzo de 2003 y julio de 2009.
La Oficina de la fiscal, Fatou Bensouda, evalúa actualmente si el caso es admisible y dará a conocer “en un periodo razonable de tiempo” si pide a los magistrados iniciar una investigación formal.
Por otro lado, una Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI analiza estos días la autorización judicial solicitada por la Fiscalía para abrir una investigación sobre la guerra de Afganistán, que se enfocaría en tres actores diferentes: los talibanes, las fuerzas de seguridad afganas y miembros del ejército de Estados Unidos y de la CIA.
Estos últimos habrían cometido, según la oficina de Bensouda, torturas, tratos crueles, violación y otras formas de violencia sexual contra prisioneros que estaban bajo su custodia.
La Fiscalía tiene documentados al menos 54 detenidos que sufrieron esos abusos en prisiones afganas controladas por Estados Unidos y otros 24 en centros de detención secretos que la CIA mantuvo en Polonia, Rumanía y Lituania.
Estados Unidos ya ha rechazado públicamente la investigación y, al igual que otras potencias militares como Rusia, China o Israel, no ha ratificado el Estatuto de Roma.
Con información de EFE.
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