Además de las amenazas verbales y presiones al Congreso para derogar medidas de protección a trabajadores sin documentos, incluidas las ciudades santuario, de manera constante y fuera de los reflectores, policías locales mantienen a migrantes con faltas menores en permanente terror de ser detenidos y aislados.
En el informe los deportados, presentado por Human Rights Watch, tras estudiar bajo todas las aristas más de 40 casos de deportación, concluye que Estados Unidos tiene la obligación de proteger los derechos fundamentales a la unidad familiar y al debido proceso.
Esas garantías son violadas de manera sistemática en el sistema de inmigración y deportación norteamericana.
La administración Trump ha solicitado fondos de más de 7 mil millones de dólares para reforzar una política de persecución y acoso a migrantes. Está rompiendo vínculos de varias generaciones y están siendo afectados núcleos familiares con arraigo de décadas, con propiedades, negocios y una vida establecida, abruptamente destruida por faltas menores: pago de tenencia vehicular o infracciones de tránsito.
El informe estudia casos de padres, madres e hijos separados y desolados porque alguien traía las intermitentes, por no poder superar una adicción, por no tener licencia y hasta por acudir de emergencia a un funeral.
Con información de Karla Iberia Sánchez
ramg
