El Gobierno español ha pedido al Tribunal de Cuentas que investigue los costos del referéndum ilegal de “autodeterminación” del 1 de octubre pasado en Cataluña y se reclamen, en su caso, las indemnizaciones que procedan al expresidente regional Carles Puigdemont y a todos sus exconsejeros.
Puigdemont y cuatro de los exconsejeros que abandonaron el país para irse a Bruselas y ahora están en situación de libertad condicional en Bélgica, donde están reclamados por la Justicia española por posibles delitos en relación con el proceso independentista en Cataluña.
“Todo esto acabará en los tribunales internacionales, acudiremos a ellos, llegaremos hasta el final y el Estado español pasará vergüenza”, auguró Puigdemont hoy en una entrevista radiofónica.
La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, replicó, en declaraciones a la prensa, que el Ejecutivo no tiene tiempo para contestar a “cada ocurrencia” del expresidente catalán, que “vive en la improvisación constante”.
La situación en Cataluña es ya el segundo problema que más preocupa a los españoles, detrás del desempleo, según una encuesta oficial del Centro de Estudios Sociológicos (CIS) efectuada entre el 2 y el 11 de octubre.
Según confirmaron hoy a Efe fuentes del Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda envió un escrito a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para pedir que se aclare el uso de fondos públicos en el referéndum citado.
Hacienda pide que se determinen las actuaciones, los contratos y actos administrativos realizados por el anterior gobierno catalán -destituido por el Ejecutivo central el 27 de octubre- para la organización y celebración del referéndum y concretar cuánto costó.
En concreto, se quieren aclarar todos los fondos públicos destinados a tal fin, incluidas las subvenciones que recibieron las entidades sociales independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, también denunciadas ante el Tribunal de Cuentas.
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Una vez que se determinen los perjuicios para el erario público, el Gobierno plantea que se reclame a los exgobernantes independentistas catalanes “las indemnizaciones procedentes” tras el correspondiente “procedimiento de responsabilidad contable”.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, indicó a la prensa que, durante el tiempo en que su departamento ha estado controlando el presupuesto catalán, no figura ninguna partida directa destinada a esa consulta.
“No estamos hablando de presupuesto de manera directa -precisó-, sino del presupuesto que determinadas organizaciones hayan podido utilizar al tenerlo a través de financiación pública”, como las subvenciones que podrían haber recibido las plataformas independentistas.
Entretanto, los partidos catalanes perfilan las estrategias con vistas a las elecciones regionales del 21 de diciembre, como concurrir en coaliciones electorales, cuyo plazo de registro termina hoy a la medianoche.
Está por ver si finalmente los soberanistas de ERC (republicanos de izquierda) y PDeCAT (centroderecha) vuelven a compartir candidatura, como en los últimos comicios autonómicos, en septiembre de 2015.
Entonces concurrieron unidos en Junts pel Sí (JxSí), que ha gobernado Cataluña en minoría con un proyecto independentista, y con el apoyo parlamentario de los separatistas radicales de izquierda de la CUP.
Puigdemont reclamó hoy la necesidad de una lista unitaria del soberanismo catalán, es decir de PDeCAT y ERC, pero “también la CUP y otras fuerzas de la izquierda soberanista”.
Pero los antisistema de la CUP ya han descartado la “lista única” que propone el PDeCAT, y decidirán el domingo próximo en una asamblea si se presenta y cómo.
El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, aconsejó por su parte al PDeCAT que vuelva a la “moderación y la centralidad” de cuando no era independentista, a la vez que dudó de que ese partido tenga capacidad de encontrar “otras siglas que cubran el 3 por ciento”.
Aludió así a las comisiones ilegales que habría cobrado ese partido cuando gobernaba la comunidad autónoma de Cataluña con el nombre de Convergencia Democràtica.
Los que sí volverán a presentarse juntos serán los izquierdistas de Podemos y Catalunya En Comú, que en 2015 concurrieron como Catalunya Sí Que Es Pot, coalición que se ha mantenido equidistante entre el Gobierno español y los soberanistas catalanes para defender un referéndum acordado entre las partes sobre la independencia.
El proceso secesionista culminó el 27 de octubre, cuando el Parlamento catalán votó a favor de declarar unilateralmente la independencia, después del referéndum ilegal de “autodeterminación”.
Ese mismo día, el Ejecutivo español destituyó a todo el gobierno catalán y convocó elecciones regionales para el 21 de diciembre al amparo de la Constitución española, que impide la separación de cualquier parte del territorio nacional.
Con información de EFE
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