La OCDE indicó hoy que se han modificado 93 de los 99 regímenes fiscales preferenciales para los que había pedido cambios en junio de 2016 dado el carácter dañino que consideró que tenían en términos de competencia para otros países.
“La velocidad de estos cambios no tiene precedentes”, subrayó en un informe de etapa publicado hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que puntualizó que quedan dos de esos regímenes (en Francia e Italia) “dañinos” y otros cuatro (en Barbados, Jordania y Turquía) “potencialmente dañinos”.
En el primer bloque está uno sobre la reducción del tipo impositivo que se aplica a las ganancias y beneficios de capital de largo plazo en los derechos de propiedad intelectual en Francia, y otro sobre la fiscalidad de los ingresos para activos intangibles en Italia.
En cuanto al segundo, el de los “potencialmente dañinos”, hay dos de Barbados (sobre los servicios financieros internacionales y sobre las ganancias en créditos en divisas extranjeras), uno de Jordania (sobre el desarrollo de zonas de libre comercio) y uno en Turquía (sobre zonas de desarrollo tecnológico).
Según el marco del proyecto contra la erosión de la base impositiva y la transferencia de beneficios (conocido como BEPS), lanzado en junio de 2016, los países concernidos debían ajustar esos regímenes “tan pronto como sea posible” y como muy tarde dentro de un año.
El proceso preveía el examen de 164 incentivos fiscales que se aplican a multinacionales susceptibles de que desplacen su sede por razones impositivas, esencialmente servicios financieros y derechos de propiedad intelectual.
La OCDE, que recibió el encargo del proyecto BEPS del G20 en 2015, concluyó que 99 de todos ellos tenían que ser modificados para que dejaran de tener un impacto dañino, mientras que 56 no planteaban ese riesgo y 9 se encuentran todavía bajo escrutinio con vistas a su catalogación.
El responsable de su departamento fiscal, Pascal Saint Amans, hizo hincapié en que casi un 95 % de los regímenes que debían cambiarse ya lo han cumplido o lo están haciendo.
“Esos resultados muestran que el compromiso político de los miembros del marco inclusivo conduce rápidamente a progresos tangibles y mesurables”, comentó Saint Amans.
De acuerdo con la organización, las prácticas de las multinacionales que aprovechan las “lagunas” de la normativa fiscal de unos y otros países para ocultar sus beneficios o transferirlos artificialmente allí donde les resulta más favorable tiene un costo de entre 100,000 y 240,000 millones de dólares para las arcas públicas cada año.
Esas estimaciones, que la OCDE califica de “prudentes”, equivalen a del 4% al 10% de la recaudación mundial del impuesto de sociedades.
Con información de EFE
MFH
