Más de 400 sacerdotes y diáconos de la Iglesia católica en la región de Cataluña han remitido una carta al papa Francisco, en la que le solicitan que medie ante el Gobierno de España para que permita realizar el referéndum independentista del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
En la carta, a la que tuvo acceso, explican que han decidido dirigirse al papa Francisco porque “se ha hecho pública la protesta del Gobierno español ante la Santa Sede” por el manifiesto a favor de la consulta que los clérigos dieron a conocer el pasado viernes.
En el texto, solicitan a Francisco “que pida al Gobierno español, públicamente o mediante vías diplomáticas, que revise su visceral oposición a este referéndum reclamado por el 80 % de la población y cese sus actuaciones represivas”.
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En la carta también se dice que se “permita al Gobierno de Cataluña, legitimado por el Parlamento (catalán), a proceder con garantías a la realización de esta consulta el próximo domingo 1 de octubre”.
En la misiva, incluyen el contenido del manifiesto que hicieron público el pasado viernes 390 sacerdotes y 30 diáconos, entre los que figuran clérigos de todas las diócesis y órdenes religiosas.
Explican que apoyan la celebración del referéndum, “movidos por los valores evangélicos y humanísticos que representamos y empujados por el amor sincero al pueblo que queremos servir”.
Los obispos de la región española de Cataluña señalan que siempre han considerado que “conviene que sean escuchadas las legítimas aspiraciones del pueblo catalán”, y dicen que apoyan la celebración de la consulta “ante la imposibilidad de pactar las condiciones para llevarlo a cabo de forma acordada”.
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Invitan además “a católicos y todos los ciudadanos de Cataluña a reflexionar sobre la importancia de los actuales acontecimientos y votar en conciencia en ejercicio del derecho fundamental que tiene cualquier persona a expresar libremente sus posiciones”.
El Gobierno regional catalán convocó un referéndum sobre la independencia de esa comunidad autónoma española para el 1 de octubre próximo que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional de España.
El Constitucional español también suspendió la llamada “ley de Transitoriedad” aprobada por el Parlamento regional catalán, que pretendía poner en marcha un nuevo Estado en forma de república yque fue recurrida por el Gobierno de Madrid.
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El recurso presentado por el Gobierno español considera esa ley como “la mayor afrenta y amenaza” a las bases sobre las que se asienta la convivencia en España desde 1978 (fecha de la Constitución española) y el “mayor ataque concebible” a los valores democráticos.
HVI
