La Fiscalía General del Estado de España ordenó este miércoles investigar a más de 700 alcaldes de Cataluña por cooperar con el referendo separatista que ya fue suspendido por una corte superior y solicitó su arresto en caso de que no acaten las órdenes.
El gobierno conservador del presidente Mariano Rajoy se ha comprometido a detener la iniciativa y el Tribunal Constitucional le concedió suspender el referendo catalán mientras los jueces deciden sobre su legalidad.
“Si a alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya, porque no puede haber referéndum y sería un acto absolutamente ilegal”, dijo Rajoy el miércoles.
El fiscal general, José Manuel Maza, ordenó en un oficio que en caso de que los alcaldes se nieguen a comparecer para declarar, los Mossos d’Esquadra (policía regional catalana) deberán proceder a su detención y presentación en la fiscalía correspondiente.
La orden llega después de que más de 700 alcaldes hicieran público su apoyo a la celebración de la consulta secesionista a través de la página web www.municipisindependencia.cat y se comprometieran a ceder locales para celebrar el referendo, al que se opone el Gobierno español.
La Fiscalía sostuvo en el escrito que cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o particulares relacionada con los actos de organización de la consulta podría incurrir en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, penado este último con hasta ocho años de prisión. La Fiscalía señaló que dado el número de municipios afectados, se priorizará en la tramitación a los ayuntamientos con mayor volumen de población.
El monarca agregó que la “Constitución prevalecerá frente a quienes quiebran la convivencia”.
La coalición que gobierna en dicha región del noreste español ha dicho que de cualquier forma seguirán adelante con la votación planeada para el 1 de octubre y pidió a los 947 alcaldes catalanes que sean los encargados de proveer lo necesario para el plebiscito.
El fiscal general José Manuel Maza ordenó a los fiscales provinciales que investiguen a 712 alcaldes que ya han ofrecido instalaciones municipales para la votación de autodeterminación y a la policía regional catalana arrestarlos si no acuden a testificar “en el plazo más breve posible”.
Con información de AP y Reuters
AAE
