La primera ministra británica, Theresa May, se comprometió hoy a resolver “lo antes posible” la incierta situación legal que afrontan los comunitarios residentes en el Reino Unido, tras el inicio formal del proceso de ruptura de este país con la Unión Europea (UE).
En una comparecencia en los Comunes, la líder conservadora corroboró a los diputados que la misiva en la que este país notifica oficialmente su marcha del bloque comunitario ya ha sido entregada en Bruselas al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
En su esperada intervención, May aludió a uno de los puntos que más inquietud ha suscitado desde antes, incluso, de la celebración del histórico referendo del pasado 23 de junio: ¿Qué ocurrirá con el estatus legal de los expatriados de la UE una vez este país se desligue de los todavía 28?
Una vez más, Theresa May aseguró hoy que tratará “lo antes posible” de solucionar la situación de los comunitarios que viven aquí, que presumiblemente se verán afectados por las consecuencias del Brexit, cuyos términos se negociarán en los próximos dos años.
Actualmente, hay registrados 3,15 millones de comunitarios en el Reino Unido -de los cuales, 132.000 son españoles- frente a los 900.000 ciudadanos británicos que viven en diferentes puntos del continente, según datos oficiales británicos.
El desenlace del citado plebiscito europeo ha sumido a esos expatriados en una nube de incógnitas ante su futuro, pues hasta la fecha el Gobierno de May no ha querido darles garantías concretas de que sus derechos estarán protegidos una vez se consume el Brexit.
El Ejecutivo ha reiterado en varias ocasiones que ese asunto es “prioritario” en la agenda política y que lo quieren resolver con prontitud, siempre que el resto de países europeos que acogen a británicos estén dispuestos a hacer lo propio con sus nacionales.
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Dentro de los principales puntos contenidos en la misiva remitida por May al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, con la notificación formal del Brexit, la “premier” reconoce la “obvia complejidad de las negociaciones” pero destaca que “en el corazón de las negociaciones” están los “intereses” de todos los ciudadanos.
“Hay, por ejemplo, muchos ciudadanos de los otros Estados miembros que viven en el Reino Unido, y ciudadanos británicos que viven en otros puntos de la UE, y deberíamos tener como objetivo llegar a un pronto acuerdo sobre sus derechos”, subrayó May.
Desde la oposición se ha criticado duramente la actitud del Gobierno por emplear a esas personas como “moneda de cambio” y baza negociadora en el proceso de diálogo con Bruselas.
Precisamente, durante la sesión parlamentaria de hoy, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, hizo una mención a esos ciudadanos y elogió su “gigantesca contribución” a la economía británica.
También la patronal de empresarios británica CBI destacó como prioridades en el diálogo con la Unión Europea lograr “una garantía inmediata” de los derechos de los comunitarios.
Actualmente, el proceso de solicitud de la residencia permanente, al que pueden acogerse los europeos que llevan aquí más de cinco años está lleno de trabas burocráticas.
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Los solicitantes del documento al ministerio de Interior, un paso previo a la petición de la ciudadanía, deben rellenar un formulario de 85 páginas, en el que se exige estipular, entre otros requisitos, el número de viajes realizados al exterior desde la llegada inicial al país, detallando fechas de salidas y entradas al Reino Unido.
Según la ley comunitaria, los ciudadanos del bloque adquieren automáticamente el derecho a la residencia permanente en otro país de la Unión si han vivido en él legalmente durante un mínimo de cinco años seguidos.
Por su parte, el Gobierno español anunció hoy que ha puesto en marcha una “ventanilla única”, con sede en la embajada española en Londres, destinada a solventar las dudas que sus nacionales que residen en este país puedan tener con relación a las consecuencias que el “brexit” podría tener en su situación particular o la de sus familiares.
Entre los asuntos con los que lidiará ese nuevo departamento se incluirán el de la residencia permanente, asistencia sanitaria, cobertura médica privada, pensiones y otras prestaciones, así como asuntos educativos o consecuencias fiscales y de tipo impositivo para particulares.
Con relación al tema de los comunitarios, el Parlamento Europeo vetará cualquier acuerdo de Brexit que impida que los ciudadanos comunitarios que se muden al Reino Unido en los próximos dos años tengan los mismos derechos que los que ya residen en el país, según informó ayer “The Guardian” en una exclusiva.
MLV
