CIUDAD DE MÉXICO, México, sep. 5, 2016.- México lleva varios años trabajando y avanzando en materia de transparencia y ahora que se conoce bien la información, la gente está enojada, porque no pasa nada con los corruptos, explicó Federico Reyes Heroles, consejero de la organización de la sociedad civil Transparencia Mexicana.
En este marco nace Impunidad Cero, una iniciativa ciudadana para garantizar que se aplique la ley, abundó Reyes Heroles.
El objetivo, dijo es incidir sobre las cosas que afectan la vida cotidiana. Los grandes casos tienen quien se ocupe de ellos: la prensa, la oposición van tras los casos de resonancia, pero hay otra impunidad silente que afecta, sobre todo, a los sectores de bajos recursos.
Reyes Heroles aseguró que hay muchas víctimas de la impunidad que ni siquiera lo saben, y eso no es normal. Puso como ejemplo que en los años setenta del siglo pasado fue necesario crear la Profeco, porque el consumidor no se defendía ni sabía cómo.
Afirmó que esta propuesta irá avanzando con estudios que tendrán cinco tipos de salidas, incluyendo redes sociales, para que tenga la base académica, pero también la de la sociedad.
Recordó que 97 de cada 100 actos ilegales quedan impunes y dijo que la violencia contra las mujeres es una de las preocupaciones que abordarán con esta iniciativa.
Afirmó que hay cinco códigos penales estatales que todavía consignan que un violador puede ser perdonado si se casa con la víctima y que los golpes no son valorados por el juez, si no dejan marca física.
Esta iniciativa Impunidad Cero hará un trabajo en dos niveles, como litigar casos pequeños y trabajar con los legisladores para asegurar que las leyes sean accesibles y claras, además de que sean lo que se necesita en el país.
Afirmó que un caso paradigmático es el de los niños que murieron en Chiapas cuando eran trasladados el hospital y no llegaron a tiempo, porque ahí había un bloqueo. El objetivo ahí es ver quién es el responsable y asegurarse de que haya castigo por esas muertes.
Otro tema, dijo, es que la justicia local está a merced de la buena voluntad de los gobernadores, quienes tienen que explicar por qué no invierten más en seguridad y justicia.
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