Inhabilitan dos años al expresidente Artur Mas por consulta de independencia catalana

El expresidente catalán, Artur Mas, habla durante una rueda de prensa en Barcelona, España (Getty Images/archivo)

El expresidente catalán, Artur Mas. (Getty Images/archivo)

El expresidente de Cataluña Artur Mas fue condenado este lunes a dos años de inhabilitación para ejercer un cargo público por un delito de desobediencia, al haber impulsado un referéndum sobre la independencia de ese territorio anulado por el Tribunal Constitucional (TC).

Artur Mas (2010-16) asumió su responsabilidad en la preparación de esa consulta, llevada a cabo de manera informal en noviembre de 2014 pese a la decisión del TC, por lo que fue acusado de prevaricación y desobediencia.

Sin embargo, los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordaron por unanimidad absolverle del delito de prevaricación, aunque el fallo es recurrible ante el Supremo.

Junto a Mas, también fueron condenadas dos miembros de su gobierno de entonces, la exvicepresidenta Joana Ortega, condenada a un año y nueve meses de inhabilitación, y la exresponsable de Educación, Irene Rigau, con una pena de un año y medio de inhabilitación.

La sentencia supone por ahora relegar a un segundo plano de la vida política a Mas, en un contexto en el que los soberanistas catalanes impulsan de nuevo una nueva consulta independentista.

La intención del actual presidente catalán, Carles Puigdemont, correligionario de Mas, es convocar la nueva consulta para antes del próximo mes de septiembre.

La pretensión secesionista del Gobierno catalán y la mayoría del Parlamento de esa región, de 7.5 millones de habitantes, es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la política española en los últimos años y es motivo de división en la sociedad catalana.

En concreto, en los comicios regionales del 26 de septiembre de 2015, los partidos con programas secesionistas obtuvieron el 48 % de los votos y la mayoría de los escaños en el Parlamento.

Durante el primer día del juicio a Mas, miles de personas acudieron a las puertas del juzgado en una muestra de apoyo popular al proceso de independencia.

El Gobierno español, por su parte, rechazó que el proceso a Mas pudiera ser visto como juicio político y el titular de Justicia, Rafael Catalá afirmó: “no lo es. Simplemente van a declarar (los acusados) con todas las garantías porque han incumplido una norma”.

El Ejecutivo español no comentó hoy la decisión del tribunal y se limitó a expresar su respeto por la decisión judicial y por el Estado de Derecho, afirmaron a Efe fuentes del Gabinete de Mariano Rajoy.

HVI

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