Gobierno rumano mantiene despenalización de la corrupción pese a protestas

La policía antidisturbios en Rumanía protege el edificio de Gobierno de las multitudes antes de que se produjeran pequeños enfrentamientos durante una protesta en Bucarest. (AP)

El Ejecutivo socialdemócrata de Rumanía mantendrá el polémico decreto ley que despenaliza ciertos casos de corrupción, pese a las multitudinarias protestas ciudadanas, las mayores en el país desde la caída del régimen comunista en 1989.

“El Gobierno y los partidos que lo apoyamos seguimos decididos a ejercer tanto el poder ejecutivo como el legislativo”, afirmó el líder del Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro rumano, Sorin Grindeanu, tras una reunión del Comité Ejecutivo de la formación.

“Cualquier intento de socavar la actividad del Gobierno es una tentativa de desestabilizar el Estado de derecho en Rumanía”, prosiguió el líder socialdemócrata, quien subrayó que los manifestantes desconocen el contenido del decreto.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo se limitó a nombrar las promesas electorales que ha cumplido desde que se formó el gabinete hace poco más de un mes, como la subida de los salarios a los funcionarios y las pensiones.

Horas antes, el presidente de Rumanía, el centroderechista Klaus Iohannis, solicitó al Tribunal Constitucional que tome cartas en el asunto ante un posible conflicto entre los poderes del Estado.

“Evidentemente se trata de un conflicto jurídico de naturaleza constitucional entre el Gobierno y el sistema de justicia”, declaró el jefe de Estado en rueda de prensa.

La Corte Constitucional, que registró la petición, espera ahora las explicaciones del Gobierno y del Parlamento, que tienen como fecha límite para ofrecerlas el próximo 7 de febrero.

La oposición confía en que los nueves jueces de la alta corte se pronuncien antes del 10 de febrero, fecha en la que entrarán en vigor las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

Más de 150,000 personas se manifestaron ayer en las principales ciudades rumanas para protestar contra el Gobierno por haber aprobado el martes, por vía de urgencia, un decreto que despenaliza los casos de corrupción si causan pérdidas al Estado menores a 44,000 euros.

En los casos por debajo de esa cifra se iniciarán procedimientos administrativos y civiles para recuperar el dinero y castigar a los responsables.

El ministro rumano de Comercio, Florin Jianu, anunció que presenta su dimisión por motivos de conciencia ante este decreto.

La oposición de centroderecha ha anunciado una moción de censura contra el Gobierno, mientras la Comisión Europa ha criticado el decreto, al igual que han hecho algunos países, como Alemania o Francia.

RAMG

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