Gobierno de Colombia garantiza seguridad a guerrilleros desmovilizados de las FARC

Jerly Suárez, militante de las FARC, sostiene a su bebé

Jerly Suárez, militante de las FARC, sostiene a su bebé de nueve meses en una zona de desmovilización (AP, archivo)

El gobierno colombiano implementa un programa de protección para los más de siete mil excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que desde hoy dejan oficialmente sus armas para incorporarse a la vida civil, informó la Casa de Nariño.

El programa se desarrolla en coordinación “con la Unidad Nacional de Protección (UNP) e instituciones del Estado, de protección integral para los excombatientes y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja de las FARC, a las sedes y a todo tipo de actividades que realicen en su proceso de reincorporación a la vida civil.

El gobierno colombiano creó un Cuerpo de Seguridad y Protección de naturaleza mixta: Policía Nacional, personal adscrito a la UNP y antiguos miembros de las FARC para seguridad de sus ex integrantes, de acuerdo a su nivel de riesgo.

Ante el tiempo que resta de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) o áreas donde se concentran los miembros de las FARC “se autoriza a algunos de sus miembros a mantener su arma para mantener la seguridad en el campamento”. Las Fuerzas Militares continuarán ejerciendo el control alrededor de las Zonas, y en todo el territorio.

La Misión de Naciones Unidas “deberá extraer los contenedores con las armas de las FARC de las zonas veredales a más tardar el 31 de julio y proceder a su destrucción y a la construcción de tres (tres) monumentos en Colombia, Estados Unidos y Cuba”.

El primero de septiembre de 2017, debe finalizar “la extracción de armas y destrucción del material inestable (explosivos) que están en las caletas”. Este plan incluye toda la información necesaria para la ubicación de estas por parte de Naciones Unidas y el cronograma para la extracción.

A su vez, Naciones Unidas, en coordinación con las FARC, “podrá solicitar apoyo de seguridad o cualquier otro que requieran a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares. Las caletas que no hayan sido desmanteladas quedarán a disposición del gobierno nacional”.

El gobierno colombiano advirtió que “incumplir con el proceso de dejación de armas expone a los integrantes de las FARC no sólo a ser excluidos del tratamiento especial previsto por la Jurisdicción Especial para la Paz y afrontar procesos penales ante la justicia ordinaria, sino también de todos los beneficios de la reincorporación”.

Las armas quedan “bajo control de la ONU. Los contenedores con las armas serán extraídos por la ONU antes del 1 de agosto de este año. Nadie tendrá acceso a ellas. Cada integrante de las FARC se compromete a dejar las armas, no volver a usarlas, cumplir con lo acordado, para pasar a la vida civil”.

Una vez que los combatientes “hayan dejado las armas y ratificado su compromiso, recibirán su respectiva acreditación por parte del gobierno nacional que les permitirá acceder a las medidas de reincorporación”.

“Incumplir implica perder el acceso al proceso de reincorporación y afrontar la posibilidad de ser excluidos de la Jurisdicción Especial para la Paz y ser condenados por la justicia ordinaria”, advirtió el gobierno colombiano.

Luego de que la ONU expida la certificación mediante la cual da fe de que cada integrante de las FARC ha dejado su arma, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz le entrega a cada integrante un acta que firma y se compromete a tres cosas: dejar las armas, no volver a usarlas y cumplir con lo acordado para pasar a la vida civil.

Con esos dos documentos y tras la verificación del listado de todos sus integrantes entregado por las FARC al gobierno, incluyendo las milicias, el Alto Comisionado para la Paz firma y entrega un documento de acreditación para que los excombatientes puedan acceder y participar de todas las medidas de reincorporación previstas en el Acuerdo Final.

Dependiendo de los delitos que hayan cometido, unos excombatientes de las FARC entrarán a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y otros serán cobijados por la Ley de Amnistías.

Todos los miembros de las FARC que hayan cometido delitos objeto de esa jurisdicción quedarán con sus órdenes de captura suspendidas hasta tanto la JEP resuelva su situación. Estas personas tendrán la libertad condicionada temporalmente con sus respectivas restricciones como: reportar cambios de domicilio, no salir del país, entre otros.

MLV

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