Desde 2015, Leonardo García Vázquez y otros vecinos del fraccionamiento Esmeralda, ubicado en Zempoala, Hidalgo, se quejaron de la mala construcción del sitio, especialmente por las inundaciones ocasionadas por deficiencias en el drenaje.
El terreno era propiedad de constructora Crimsa, de Marco Antonio Rico Moreno, quien fue subsecretario de Obras Públicas, en Hidalgo, durante los gobiernos de Francisco Olvera y de Omar Fayad, hasta noviembre de 2017, cuando renunció por motivos personales.
La propiedad fue vendida a su hermana Sylvia Jesús Rico Moreno, dueña de la constructora Sylma, desarrolladora del fraccionamiento Esmeralda.
Siendo subsecretario de Obras Púbicas, Marco Antonio Rico Moreno firmó el plano para el fraccionamiento Esmeralda, como director responsable de obra.
La familia Rico Moreno tiene otras empresas, la mayoría relacionadas con la construcción.
Además de la constructora Crimsa, Marco Antonio posee la inmobiliaria Edoma, Concretos Doema y Construcciones Rihema. También es apoderado legal en las empresas Veviher y Constructora Rial del Valle.
Su hermana Sylvia posee la Constructora Sylma, Operadora de Eventos Nikkia, Operadora Brilho y Grupo Sylma.
Aero Servicios Ejecutivos RM y Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Rico son propiedad de Benjamín, otro de los hermanos de Marco Antonio.
Mientras que promotora de Espacios Residenciales pertenece a Mario Rico Moreno, también hermano de Marco Antonio.
Benjamín y Mario ostentan cargos públicos en la actual administración de Hidalgo.
Benjamín es el actual secretario de Medio Ambiente, en Hidalgo, y Mario es el subprocurador de Derechos Humanos en la Procuraduría local.
El secretario de Gobierno estatal, Simón Vargas Aguilar, aseguró que no veía conflicto de interés en el caso:
“Si hubo alguna acción para favorecer estas actividades, esto es lo que se está investigando y se verá si hubo esta participación”.
El funcionario agregó que “se está investigando si dentro de su función hubo alguna acción para favorecerla… Se castiga el conflicto de interés, se castiga si hubo una acción para favorecer esa actividad, pero como tal, todo mundo tiene otra actividad y mientras no exista ese conflicto de interés… no hay problema, no hay delito”.
Con información de Raymundo Pérez Arellano.
RMT
