Las pensiones de 14 mil burócratas de Sinaloa están en riesgo. El gobierno de Mario López Valdéz dejó de entregar al Instituto de Pensiones las cuotas del fondo de jubilación que quincenalmente eran retenidas a los trabajadores. El adeudo es de mil 525 millones, según un documento de dicha institución emitido en abril pasado, del cual Despierta tiene una copia.
El poder Ejecutivo fue el que dejó la deuda más grande. Los problemas para los burócratas sinaloenses que buscan jubilarse empezaron a surgir a los tres meses de la salida de Mario López Valdéz del Gobierno estatal.
Siete trabajadores del Centro de Ciencias no pudieron realizar el trámite de su jubilación por la falta de recursos en el Instituto de Pensiones, lo que generó protestas.
El director del Instituto de Pensiones, Francisco Pinedo de Anda, se deslindó de la situación ante los trabajadores. “Están cargando el 100% de la responsabilidad al Instituto, cuando en realidad el 100% de responsabilidad la tienen los empleadores”.
Los empleadores que dejaron de aportar las cuotas de pensiones son las dependencias gubernamentales. Se pidió una entrevista con el director del Instituto de Pensiones, Francisco Pinedo de Anda, pero la declinó.
Isabel Jacobo, secretaria de Pensiones del Sindicato de Trabajadores del Gobierno de Sinaloa, dice que “es un dinero que se descontó 6 años en los 3 poderes y la mayoría de los organismos públicos descentralizados y no se entregó al Instituto”.
Gustavo Sánchez, trabajador del Centro de Ciencias de Sinaloa, explica: “A nosotros nos mueve mucho eso, puesto que religiosamente nos están descontando nuestras aportaciones. Todavía me quedan como 10, 12 años para jubilarme y estoy bien preocupado por la situación actual del Ipes. Imagínese como están mis compañeros que ya dieron trámite y se les rechazó”.
La Auditoría Superior del Estado advirtió en la cuenta pública 2016 que el gobierno de Mario López Valdéz no aclaró el saldo de las retenciones de los trabajadores y por qué no las entregó al Instituto de Pensiones.
La auditoría Superior de Sinaloa presentó 106 denuncias penales por mala utilización de recursos de los años 2013 a 2016.
Para la Coparmex de Sinaloa el manejo de los recursos públicos en la administración de Malova, como se le conoce al exgobernador de esa entidad, está lleno de desaseo.
Samuel Campos Velarde, presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex en Sinaloa, dice: “Estuvimos tratando de impedir que se aprobara la cuenta pública del año 2016, cosa que no logramos”.
-¿Por qué querían evitar que se aprobara la cuenta pública?
“Hubo cuentas, partidas que no fueron debidamente comprobadas”.
El encargado del área anticorrupción del sindicato patronal dijo que fueron testigos del mal manejo de un crédito solicitado para paliar los daños en la agricultura que dejó una helada en 2011.
Samuel Campos, presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex en Sinaloa, señala: “Tuvimos conocimiento de que como ese recurso ya estaba disponible para el ejercicio de las obras, se utilizaba temporalmente para pagar aguinaldos o nóminas”.
Una de las obras que quedaron en el abandono fue la construcción del Semefo, la cual, según el contrato de obra, tenía un costo de 9 millones en su primera etapa y debía estar terminada en noviembre del 2016; un año después siguen los trabajos.
El gobierno actual de Sinaloa que encabeza el priista Quirino Ordaz, dijo que encontró un déficit financiero grave.
Cuantificó en 13 mil 130 millones de pesos la deuda que recibió de la administración de Mario López Valdéz, expriista que gobernó bajo las siglas PAN-PRD.
El 25 de septiembre pasado, la Secretaría Estatal de Transparencia informó que impuso sanciones a 6 exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas y Turismo; cinco de ellos fueron inhabilitados de 3 a 10 años para ejercer un cargo público, pero a Rafael Lizárraga, subsecretario de Turismo, solamente le fue impuesta una suspensión laboral de 30 días, después de eso podrá retomar el cargo.
Rafael Lizárraga, quien pasó de ser secretario de Turismo en el gobierno anterior a subsecretario de la misma dependencia con el nuevo gobernador, fue señalado por la Secretaría de Transparencia de participar en el pago de 8 millones 651 mil pesos a presuntos proveedores de campañas vacacionales, pero no hay documentos que los justifiquen.
El exgobernador Mario López Valdéz declinó dar una entrevista. Explicó que lo hará cuando termine de solventar ante los órganos de transparencia y rendición de cuentas, los señalamientos que le hace el actual gobierno.
Con información de Luis Pavón
MLV
