El 8 de septiembre, Mara Fernanda Castilla, de 19 años de edad, tomó un taxi Cabify para regresar a su casa en la ciudad de Puebla. Una semana después se supo que fue secuestrada y asesinada por el chofer de la unidad, Ricardo Alexis.
Veintidós días después, otra joven poblana, Mariana Fuentes, fue asesinada en un asalto cometido por cuatro sujetos a bordo de un vehículo registrado en la plataforma de Uber.
Tras estos hechos, el gobernador de Puebla, Tony Gali, envió una iniciativa para mejorar la regulación del transporte privado.
La noche del martes, con 32 votos a favor y dos en contra, la iniciativa fue aprobada en el Congreso local.
Julián Rendón, presidente de la Comisión de Transporte y Movilidad del Congreso de Puebla, dijo que “lamentablemente por estos motivos se están previniendo varias condiciones para que estas empresas puedan seguir dando el funcionamiento, aquí en Puebla”.
Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Puebla, señaló que la iniciativa busca “privilegiar la tranquilidad y la seguridad de los usuarios, de los poblanos y las poblanas, y garantizar que se estaría cumpliendo las reglas del juego”.
Entre las modificaciones a la Ley de Transporte, los taxis de aplicaciones móviles deberán habilitar botones de pánico. Sus conductores deberán aprobar exámenes toxicológicos, pruebas psicológicas, psicométricas y un estudio socioeconómico.
En caso de que la empresa no cumpla con alguno de los lineamientos, su concesión será revocada.
La ley es de carácter general, no es para una empresa particular”, apuntó Rendón.
El diputado panista, Pablo Montiel Solana, comentó que “al ciudadano no le importa, en materia de seguridad, si la licencia de sus choferes del transporte de automovilista o de transporte público mercantil o si la licencia es de piloto aviador, al ciudadano lo que le importa es tener garantías”.
Con información de Rafael Nájera.
RMT
