Por cuarto día consecutivo, elementos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, realizaron cateos a mil 500 cajas de seguridad que renta la empresa “First National Security” en Cancún, Quintana Roo.
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“No debe haber autoridad que esté haciendo un cateo sin la presencia de alguien de la empresa. Es un flagrante abuso de autoridad”, dijo Santiago Ancona, representante Legal de “First National Security”.
La PGR asegura que obtuvo de un Juez, la orden de cateo contra una empresa dedicada al resguardo de valores.
Dijo que las cajas de seguridad ubicadas al interior del inmueble se abrirán en el mismo sitio y el contenido será revisado para saber si se encuentran indicios asociados a ilícitos penales.
Una vez que se dé por concluido el análisis, se determinará el destino de los objetos. Asegura que todos los bienes que no guarden relación con los hechos materia de la investigación serán devueltos, a la brevedad, a quien acredite su interés jurídico.
En las instalaciones de la empresa de resguardo de valores permanecen elementos de la Marina y del Ejército Mexicano.
Los dueños de las cajas de seguridad no están de acuerdo con la revisión de sus pertenencias y tienen miedo de perderlas, por ello harán llegar una carta al presidente Enrique Peña Nieto, quien este martes visitó Cancún.
“Señor Presidente, usted como salvaguarda de nuestro estado de derecho, le solicitamos lo siguiente: Que las cajas y su contenido permanezcan en la ciudad de Cancún y en caso de requerirse la apertura de alguna de ellas sea en presencia del propietario”, explico Pablo Moreno, arrendatario de la caja de valores.
“Lo único que quisiéramos realizar con ustedes es entregarles una copia de un documento que viene del juzgado séptimo de distrito, pues donde nuestros clientes ya interpusieron un amparo y existe una suspensión”, señaló el abogado Gerardo Aguirre.
Bixara Simón, tiene una caja de seguridad desde hace 26 años y consiguió una suspensión provisional, sin embargo, nadie le hizo caso.
“No hay estado de derecho en México, sino puedo tener mis cosas en una propiedad privada que supuestamente era más segura que mi casa”, enfatizó Bixara Simón.
“Impactan no solo a poco más de mil familias quintanarroenses sino a todo el sistema constitucional, la SIEDO y la PGR violentando el debido proceso en el aseguramiento de mil 500 cajas”, concluyó José Luis Toledo, diputado federal por el PRI.
Los arrendatarios acudieron a la Comisión de Derechos Humanos para tratar de evitar que sus bienes sean trasladados a otra ciudad.
Con información de Alejandro Sánchez
KAH
