Human Rights Watch acusó a fuerzas de seguridad iraquíes de relocalizar en forma forzada al menos a 170 familias de supuestos miembros del grupo yihadista Estado Islámico en un “campo de rehabilitación” cerrado como forma de castigo colectivo.
“Las autoridades iraquíes no deberían castigar a familias completas debido a las acciones de sus familiares”, afirmó Lama Fakih, director adjunto de Human Rights Watch para Oriente Medio.
“Estos actos abusivos son crímenes de guerra y están saboteando esfuerzos para promover la reconciliación en áreas recuperadas de manos de ISIS”, agregó.
Estado Islámico también es conocido como ISIS. Un portavoz militar iraquí no estaba disponible de inmediato para comentar.
El primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, anunció la victoria sobre Estado Islámico en Mosul, lo que puso fin a tres años de gobierno yihadista en el bastión de su autoproclamado califato.
El Gobierno de Irak ahora enfrenta la tarea de impedir los ataques en venganza contra personas vinculadas a Estado Islámico que, junto a tensiones sectarias, podrían minar los esfuerzos para crear una estabilidad a largo plazo en el país.
“Los campamentos para las denominadas familias ISIS no tienen nada que ver con rehabilitación y, más bien, son centros de detención de facto para adultos y niños que no han sido acusados de nada”, afirmó Fakih. “Debería permitirse que estas familias vayan libremente donde puedan vivir a salvo”, agregó.
Las autoridades iraquíes abrieron el primero de lo que describieron como campos de “rehabilitación” en Bartalla, al este de Mosul. Human Rights Watch afirma que el propósito oficial del campo es permitir la rehabilitación psicológica e ideológica.
“Han tenido lugar desplazamientos y detenciones arbitrarias en las gobernaciones de Anbar, Babil, Diyala, Salah al-Din y Nínive, que en conjunto afectan a cientos familias”, sostuvo el grupo.
MLV
