Un mexicano de Nueva Jersey que enfrentaba una posible deportación por estar en Estados Unidos ilegalmente recibió un respiro.
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Agentes aduanales en Newark aprobaron una suspensión de un año a la deportación de Catalino Guerrero, un residente de Union City cuyo caso recibió el apoyo de numerosos líderes religiosos y de los dos senadores demócratas de Nueva Jersey que se oponen a las recientes acciones ordenadas por el presidente Donald Trump en materia de inmigración.
El cardenal Joseph Tobin, líder de la arquidiócesis de Newark –la más grande del estado–, encabezó un mitin el mes pasado en el día en que Guerrero se reunió con funcionarios aduanales.
Los senadores Bob Menendez y Cory Booker, informados sobre la decisión la semana pasada, elogiaron la medida. Booker dijo que las políticas de Trump “se enfocan insensiblemente” en gente como Guerrero.
Los casos como el de Guerrero “nos recuerdan por qué el ejercer discreción procesal caso por caso para afinar las prioridades de deportación y diferir las deportaciones de las personas que no representan un riesgo a la seguridad pública es más importante que nunca”, afirmó Menendez.
Guerrero llegó a Estados Unidos ilegalmente desde México en 1991 y ha trabajado y pagado impuestos, es propietario de su casa y carece de antecedentes penales. Tiene cuatro hijos y cuatro nietos. Solicitó un permiso de trabajo hace varios años, pero llenó el formulario en forma incorrecta, dijo Menendez el año pasado.
Padece diabetes y sufrió un derrame cerebral hace varios años, dijo su abogado.
Un portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijo el mes pasado que se ordenó la deportación de Guerrero en 2009 y que, como condición para estar en libertad, debe reportarse periódicamente ante el ICE.
AGHO
