El Parlamento español aprobó por unanimidad crear una comisión que investigará el origen de la crisis financiera padecida por el país desde 2000, el desplome del sector inmobiliario y la gestión y control del rescate a las entidades financieras.
Todos los grupos del Congreso de Diputados de España suscribieron esa iniciativa, de modo que la comisión echará a andar antes de que pasen dos meses y luego tendrá otros seis para presentar sus conclusiones.
La comisión de investigación también evaluará las medidas que se pueden adoptar para garantizar la máxima transparencia en la gestión de las entidades de crédito que han recibido ayudas de Estado con el fin de obtener el máximo retorno al contribuyente y el uso eficiente de los recursos públicos.
Además, pretende detectar las posibles irregularidades en la protección del cliente de productos financieros, así como el cumplimiento de las garantías de transparencia para los usuarios y consumidores, lo que estaría vinculado a la nueva Ley Hipotecaria que prevé aprobar el Ejecutivo.
El efecto de la crisis económica de finales de la pasada década y el desequilibrio de los balances de las entidades financieras, llevaron en junio de 2012, a que los países de la zona del euro pusieron a disposición de las autoridades de Madrid una línea de crédito de 100,000 millones de euros a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), de los que se han utilizado unos 41,333 millones.
Los fondos se han utilizado para recapitalizar en primer lugar las entidades nacionalizadas Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia y Banco de Valencia y posteriormente otras con necesidades de capital como Liberbank, Caja3, BMN y España-Duero (CEISS).
En los últimos años se han producido varias polémicas en España en relación con la banca, desde la venta de complejos productos financieros a personas sin adecuada cultura bursátil a la explosión de la “burbuja” inmobiliaria, que lastró las cuentas de varias entidades que habían financiado el auge constructor.
El gubernamental PP y la oposición socialista ya anticipan que habrá discrepancias, porque los conservadores atribuyen a la más reciente etapa de gobierno del PSOE (2004-11) los principales problemas, a juicio del diputado Carlos Rojas, por el mal papel jugado por los organismos reguladores de esos años.
La semana pasada la Audiencia Nacional española acordó investigar al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y su número dos, Javier Aríztegui, así como al que fuera máximo responsable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura.
Ello en el marco de las supuestas irregularidades en la salida a Bolsa de la entidad bancaria Bankia, resultado de la fusión en 2011 de siete cajas de ahorro.
LLc
