La legislatura de Miami Dade ignoró las súplicas de la comunidad para que protegiera a los inmigrantes y declarara al condado como un “santuario”, y en cambio respaldó la decisión del alcalde de colaborar con el gobierno nacional por temor a dejar de recibir cientos de millones de dólares de fondos.
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En una sesión especial que duró cerca de seis horas, la mayoría de los legisladores locales votó en favor de una orden ejecutiva del alcalde Carlos Giménez, que dispone que los extranjeros que sean detenidos por la policía por haber cometido algún delito podrán permanecer 48 horas más en la cárcel para darle la oportunidad a las autoridades federales a que los interroguen y tomen bajo su custodia.
La medida ubica al condado de Miami Dade en el polo opuesto al de comunidades como las de Dallas, San Francisco, Boston, Nueva York y Los Ángeles, cuyas autoridades se comprometieron a proteger a los inmigrantes que permanecen en el país ilegalmente.
A poco de asumir la presidencia, Donald Trump emitió una serie de órdenes ejecutivas que bloquean fondos federales para ciudades que no colaboran con las autoridades de inmigración, reinsertan un programa de identificación y arresto de inmigrantes sin autorización, aceleran la deportación de extranjeros y mandan construir un muro en la frontera con México, entre otras medidas.
Casi de inmediato, Giménez, quien a pesar de ser republicano no votó por Trump, dijo que colaboraría con las autoridades federales porque no quería perder cerca de 355 millones de dólares que recibe cada año del gobierno nacional.
La orden de Giménez, duramente cuestionada por la comunidad inmigrante, fue debatida en el recinto de la legislatura, donde más de un centenar de activistas, inmigrantes, abogados y maestros imploraron a los ediles que los protegieran y declararan a Miami como un “santuario”.
JLR
