Después de que 40 mil personas marcharon el domingo en Mexicali, Baja California, un grupo de manifestantes instalaron plantones a los alrededores del Palacio Federal y al Ejecutivo, por lo que la mañana del lunes, agentes estatales intentaron desalojar dichas oficinas.
Manifestantes dijeron que “no tienen por qué tratarnos así, como si fuéramos animales. Aquí venimos pacíficamente y ellos quieren desmeritar esto con violencia”.
En el lugar se presentó Alejandro Roque García, director de Gestión y Atención a Grupos Sociales del Gobierno de Baja California; solicitó a los manifestantes que liberaran el edificio. Esto no ocurrió.
Los invitó a dialogar en una mesa para poder platicar y revisar el pliego petitorio; los manifestantes respondieron que no van a negociar “adentro del edificio, eso no va a pasar. Ni adentro del Gobierno del estado ni del Palacio municipal ni el Congreso, solo afuera”, aseguraron.
El alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, se presentó al Ayuntamiento en busca de un acuerdo con los inconformes, quienes le entregaron un pliego petitorio, donde exigieron la eliminación del incremento al impuesto Predial y la propuesta de una controversia constitucional para abrogar la Ley del Agua, aprobada el 20 de diciembre pasado.
“Usted ya se ha manifestado en contra de Ley del Agua, pues que refrende la controversia contra la privatización del agua”, pidieron.
La Ley Estatal del Agua contempla la privatización del servicio de agua potable del estado y el aumento y liberalización de las tarifas de consumo del líquido.
“Estamos seguros que podremos llegar al diálogo para poder privilegiar a los ciudadanos, poder privilegiar a la gente para tenga servicio; poder ayudar a los compañeros trabajadores para que pueden acceder a fuentes de trabajo, requieren trabajar en ese sentido”, mencionó el alcalde, Gustavo Sánchez.
Más tarde, el Palacio Federal fue liberado después de un diálogo entre los inconformes y el delegado de la Secretaría de Gobernación en Baja California.
Con información de Antonio Rojas.
RMT
