La noche del lunes, la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado dio a conocer la iniciativa que presentará este martes para expedir una Ley de Seguridad Interior.
Ahí, establece que la intervención de las Fuerzas Armadas para salvaguardar la seguridad solo debe darse en casos excepcionales y de manera temporal.
Enlista una serie de situaciones de riesgo en los que se permitiría su actuación, por ejemplo, cuando la delincuencia organizada infiltra los cuerpos policiacos o cuando la alteración de la paz pública amenace en forma grave la vigencia de los derechos humanos y sus garantías.
En su iniciativa, el PRD propone que las medidas de Seguridad Interior extraordinarias sean estrictamente de carácter temporal y se decreten con una vigencia determinada que no exceda de un año, aunque podría prorrogarse cuando haya necesidad plenamente justificada.
El decreto sería expedido por el presidente de la República y se lo podrán solicitar los mandatarios estatales o en su caso la mayoría calificada de los congresos locales.
La iniciativa propone que su implementación sea sujeta a control y evaluación parlamentaria a través de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.
También propone descontar de las participaciones federales el monto que corresponda a seguridad cuando haya intervención federal en estados y municipios ante la incapacidad de que sus policías cumplan con esta labor.
Será el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública quien determine que las corporaciones policiacas respectivas han adquirido las capacidades institucionales para neutralizar a la delincuencia organizada y lo informe al presidente a fin de que ordene el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles.
La iniciativa contempla la posibilidad de que el presidente disponga de elementos de la Fuerza Armada permanente para el restablecimiento de la Seguridad Interior dentro del territorio nacional con un mando operacional de carácter civil responsable de las acciones que se ejerciten.
En los artículos transitorios, los senadores perredistas proponen un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, a fin de evaluar a las corporaciones policiacas de estados y municipios y en su caso, determinar si están en condiciones de cumplir plenamente con sus funciones para que el presidente ordene a las Fuerzas Armadas su reincorporación a sus actividades estrictamente relacionadas con la disciplina militar.
Con información de Claudia Flores.
RMT
