Senadores y diputados se sentaron en la mesa para iniciar la elaboración del dictamen de una nueva Ley de Seguridad Interior.
Los legisladores arrancaron los trabajos conjuntamente con la Presidencia de la República.
El objetivo es lograr que en un mes haya un marco legal para la actuación de las fuerzas armadas en el combate al crimen, respaldo que han brindado durante los últimos 10 años y que fue reconocido desde la tribuna.
El consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, se pronunció porque la nueva ley incentive a estados y municipios para que inviertan en su seguridad pública y las Fuerzas Armadas no deban realizar esa labor salvo casos excepcionales.
“Que regrese a las Fuerzas Armadas a su función primordial que es la seguridad interior y la defensa exterior del país, pero que también permita la participación de las Fuerzas Armadas en la lógica constitucional establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la función auxiliar de la seguridad publica pero con una reglamentación clara, precisa que le dé certeza a nuestras Fuerzas Armadas de su actuación y a las cuales creo que todos los mexicanos reconocemos como una institución noble, leal y fundamental para la estabilidad política, económica y social de nuestra nación”, destacó Humberto Castillejos.
En el Congreso se han presentado cuatro iniciativas de Ley de Seguridad Interior, sus autores fijaron sus posiciones.
Por el PRI, César Camacho, coordinador de los diputados, urgió a resolver el tema.
“La falta de normatividad en la materia no sólo suele poner en aprietos a las Fuerzas Armadas sino resta seguridad jurídica a los ciudadanos. De modo que sí es una ley indispensable para las Fuerzas Armadas, esto es, para el Ejército, la Marina Armada de México, para la Fuerza Aérea, pero es tanto o más para los ciudadanos”, añadió Cesar Camacho, coordinador de los diputados del PRI.
El PRD coincidió con el consejero jurídico de la Presidencia en la necesidad de que las Fuerzas Armadas regresen a sus actividades de disciplina militar.
“Establezca plazos, condiciones y procedimientos para permitir un regreso gradual y ordenado de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles”, apuntó Luis Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD.
El senador panista, Roberto Gil, advirtió que en este momento no es factible que las fuerzas armadas se retiren de la lucha contra el crimen organizado porque, dijo, no hay quien los sustituya pues las policías son poco profesionales, débiles, están infiltradas y mal pagadas, por lo que su capacitación requeriría de invertir alrededor de 10 mil millones de pesos al año.
“Querer o pretender estigmatizar a las Fuerzas Armadas como traidores a la patria o como violadores sistemáticos de derechos humanos es un despropósito, pero también un muy mal punto de partida para encontrar una razonable política que defina y decida sus márgenes de actuación. En ejercicio de su responsabilidad, dan la vida por los mexicanos”, subrayó Roberto Gil, senador del PAN.
El presidente del Senado, Pablo Escudero, confirmó que la meta es aprobar la nueva ley en un mes.
Con información de Claudia Flores.
LLH
