“Prometo mantener, defender y cumplir la Constitución, observar sus leyes, promover el bien general del pueblo brasileño, sustentar la unión, la integridad y la independencia de Brasil”, juró Dilma Rousseff.
El primero de enero de 2015, Dilma Rousseff asumió la presidencia de Brasil. Iniciaba su segundo mandato. Había ganado la reelección con 51.6% de los votos. Un año siete meses después tuvo que dejar el cargo.
Rousseff fue sometida a un juicio político y destituida de la presidencia acusada de maquillar cuentas públicas y autorizar créditos sin consultar al Congreso.
“Impeachment sin crimen de responsabilidad ¿Qué es? Es un golpe”, dijo Rousseff el 30 de marzo de 2016.
Sus palabras tuvieron poco eco en un país dividido, azotado por la crisis económica y conmocionado por el caso de corrupción en la petrolera estatal, Petrobras que salpicó al ex presidente Lula, padrino político de Dilma y que en las calles justificó la salida de la presidenta del cargo.
La crisis social, económica y política que favoreció la caída de Rousseff comenzó a tomar fuerza a ocho meses de iniciar su segundo mandato, 71% de los brasileños descalificaban su gestión. La economía se había contraído 3.8%, la inflación rozaba el diez por ciento y un desempleo en 6.8% hacía que en los bolsillos de los brasileños se sintieran los efectos de la peor recesión desde 1996.
A ello se sumó el escándalo destapado por la operación Lava Jato sobre el desvío de 8 mil millones de dólares de Petrobras a través de una red de corrupción que involucraba a empresarios y políticos.
A pesar de la crisis, una ruptura institucional en Brasil y la salida de Dilma del gobierno parecía impensable.
Pero el 1 de septiembre de 2015 los abogados Hélio Bicudo, Janaína Paschoal y Miguel Reale Jr. plantearon algo que no se vivía en el país ni en la región desde 1993 con el expresidente Fernando Collor de Melo: presentaron en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra la mandataria. La acusación incluía el caso de corrupción en Petrobras, pero quedó limitado a irregularidades en movimientos fiscales. El entonces presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha autorizó la apertura del proceso y se creó una Comisión Especial para el caso.
Con 367 votos a favor, 137 en contra y 7 abstenciones el impeachment contra Dilma Rousseff fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados
Para abril de 2016, la solicitud de juicio político ya había superado la primera aduana y el Senado la analizaba. En las calles, las protestas a favor y en contra de la presidenta se tornaron violentas.
En medio de la efervescencia, el ánimo de los brasileños fue golpeado por otro escándalo: La Corte Suprema suspendió al presidente de la Cámara de Diputados y promotor del impeachment, Eduardo Cunha, acusado de obstruir investigaciones en su contra por corrupción.
Con 55 votos a favor y 22 en contra el Senado aprobó que Dilma Rousseff fuera suspendida de la presidencia por un plazo de 180 días.
El 12 de mayo Dilma Rousseff fue separada de la presidencia de Brasil. Su suspensión por un plazo de 180 días fue avalada por el Senado por 55 votos a favor y 22 en contra. El vicepresidente Michel Temer asumió la jefatura de Estado de manera interina.
“Se tiene un gobierno, por tanto, interino e ilegítimo en cuestión de votos, nosotros lucharemos para regresar”, afirmó Dilma el 13 de mayo de 2016.
90 días después de ser suspendida, el Senado dio un paso más para que perdiera el cargo de manera definitiva.
Con 59 votos a favor y 21 en contra avaló que Dilma Rousseff fuera juzgada. La sesión fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski.
“El Senado se reúne hoy para ejercer una de las tareas más importantes que la Constitución le confiere”, dijo el9 de agosto de 2016, Ricardo Lewandowski, presidente de la Corte Suprema de Brasil.
El juicio político comenzó el 25 de agosto y se prolongó por seis días. El 31 de agosto la salida de Rousseff de la presidencia se concretó por la vía legislativa con 61 votos a favor y 20 en contra. En las calles las reacciones fueron encontradas.
Dilma fue suspendida del cargo pero no inhabilitada de la función pública como se había solicitado. El 6 de septiembre, abandonó la residencia presidencial, el Palacio de la Alvorada, su hogar desde 2010.
Así concluía el mandato de Dilma Rousseff, primera presidenta de Brasil, su salida puso fin además a 13 años de gobierno de izquierda que habían comenzado con Luiz Inácio Lula da Silva en 2003. Michel Temer asumió la jefatura de Estado en su totalidad, bajo la sombra de la desconfianza social por sospechas de corrupción y con un Congreso fragmentado.
“Asumo la presidencia de Brasil después de la decisión democrática y transparente del Congreso Nacional”, juró Michel Temer el 31 de agosto de 2016.
Las secuelas del impeachment son palpables en Brasil: la incertidumbre política continúa, la confianza empresarial en la economía no logra consolidarse y una recesión que espera entrar a su tercer año consecutivo este 2017 explica por qué sólo 13% de los brasileños aprueban la gestión de Temer quien deberá completar el trunco mandato de Rousseff que concluye en enero de 2019.
KAH
