Espionaje a periodistas, el análisis en Despierta con Loret

Luis Fernando García, en la mesa de Despierta con Loret

Luis Fernando García, en la mesa de Despierta con Loret. (Twitter, @NTelevisa_com)

Para señalar al Gobierno federal en el caso de espionaje a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos “hay cuatro hallazgos fundamentales”, explicó Luis Fernando García, director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, “que el malware sólo se vende a gobiernos; que el Gobierno mexicano es cliente de NSO Group (el desarrollador y vendedor del software espía); que las 15 personas a quienes intentaron espiar tocan y han tocado intereses del Gobierno federal, y que no existe en ningún lado un actor con la infraestructura y los recursos para llevar a cabo ese espionaje”.

Desde la perspectiva del especialista, “estos hechos no han sido controvertidos por el Gobierno y cualquier otra hipótesis es poco probable”, afirmó en la mesa de Despierta con Loret.

Además, de la investigación publicada originalmente en el diario The New York Times, se desprende la correlación de tiempo entre la investigación y la llegada de los mensajes que busca instalar el programa espía.

En el caso de Carlos Loret de Mola, la aparición de mensajes ocurre “justo cuando cubre Tanhuato”, dijo Luis Fernando García. “Cuando el Centro Pro se alista a presentar el informe final sobre el caso Ayotzinapa o el mismo día en que los argentinos desmienten la hipótesis del tiradero de Cocula, le llegan los mensajes a Mario Patrón”, por lo que, insistió, “no hay otra posibilidad lógica: el Gobierno está detrás de los ataques”.

Luis Fernando García advirtió que “esto es la punta del iceberg, porque hay muchas víctimas más”. Además, no sólo el Gobierno federal recurre a estas prácticas, “hemos denunciado la compra de software a varias empresas por gobiernos locales”.

“La vigilancia en México está fuera de control”, concluyó, “y nadie parece interesado en actuar; el Congreso no legisla; los institutos autónomos, como la CNDH, no usan sus facultades para controlar la situación que amenaza la seguridad y la privacidad”.

El director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales destacó que, a la luz de estos señalamientos, “no sabemos si los periodistas asesinados fueron espiados antes”.

En materia de pruebas, Luis Fernando García afirmó que este tipo de software se vende con la característica de que se dificulta la posibilidad de rastrear a quien los inserta, pero “cada persona espiada le cuesta al Gobierno 77 mil dólares en promedio y no hay actores con ese recurso, con ese motivo, es alguien con recursos, con infraestructura”.

Consideró que “si el Gobierno quiere controvertir la investigación, tiene el camino abierto para hacerlo, pero envía al New York Times una nota que no muestra voluntad política de aclarar esto y ellos deberían ser los más interesados en aclararlo”.

 

 

 

 

tfo

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