La Cámara de Diputados aprobó con cambios la minuta del Senado que expide la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Iniciativa procedente del Ejecutivo federal y a la vez modificada por los senadores, que establece que comete el delito de tortura el servidor público que para obtener información o una confesión con fines de investigación criminal, cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona.
El delito se castigará con penas de 10 a 20 años de prisión para el funcionario, y de 6 a 12 años para el particular, y podrá aumentar hasta en una mitad si la víctima es menor de edad, discapacitado, adulto mayor, indígena afrodescendiente, migrante o periodista.
“La iniciativa del presidente de la República ha sido enriquecida aportando importantes avances entre los cuales destaco la prohibición absoluta de la validez de las pruebas obtenidas mediante tortura, nadie, bajo ninguna circunstancia, podrá estar exento de responsabilidad, porque se sanciona a los superiores jerárquicos, a los cómplices y a los colaboradores”, afirmó Armando Luna, diputado priísta y presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
Entre los cambios aprobados por los diputados se estipula que el delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial.
Será imprescriptible y no tendrá posibilidad de indulto o amnistía quien lo cometa, además de que los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito en los términos de lo previsto en la legislación aplicable.
“Hoy avanzamos de manera decisiva para que en México se combata y se erradique la tortura”, afirmó la diputada del PRD, Cristina Gaytán.
“La aprobación de esta ley debe verse como un airado llamado de atención a todos los cuerpos de seguridad, de investigación y Ministerios Públicos”, dijo la panista Emma Galván.
La nueva ley contra la tortura, que fue aprobada por 417 votos y devuelta al Senado, también crea el Mecanismo Nacional de Prevención, adscrito a la CNDH, e instrumenta el Programa Nacional de Tortura.
Con información de Héctor Guerrero
AGHO
