De acuerdo con el diario Denver post, cerca de 62 mil inmigrantes que estuvieron en un centro de detención de Aurora en Colorado, Estados Unidos, presentaron una demanda colectiva contra la empresa que administra el lugar.
Uno de los argumentos es que los obligaban a trabajar mientras esperaban su posible deportación. Si se negaban, dijeron, eran amenazados con llevarlos a celdas de aislamiento.
Un portavoz de la empresa aseguró que cumple con las normas del Servicio de Inmigración y Control de Aduana.
IMPLICACIONES DE LARGO ALCANCE
El fallo del juez John Kane podría tener implicaciones de largo alcance, potencialmente aumentando el costo de retener a inmigrantes detenidos por millones de dólares en un momento en que la administración del presidente Donald Trump se prepara para deportar a millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos.
“Es un gran paso adelante para todos los detenidos”, dijo Brandt Milstein, abogado de Boulder, uno de los varios abogados que representan a los migrantes en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Denver. “Esta demanda es una victoria para los inmigrantes porque expone el verdadero costo de la detención de inmigrantes”.
Los delincuentes de Colorado también reciben una fracción del salario mínimo estatal por su trabajo en prisión, pero han sido condenados por crímenes y han perdido ciertos derechos como consecuencia, incluyendo el derecho a poseer armas y a votar. Pero las personas detenidas en las instalaciones de Aurora sólo son detenidas civilmente.
“Hay una gran diferencia entre alguien condenado por asesinato o violación y alguien detenido por una posible detención”, dijo la abogada Nina DiSalvo.
Con información del diario Denver post
HVI
